La discusión sobre una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) tiene un problema de fondo: miles de operadores que buscan formalizar sus actividades dependen del acceso a concesiones mineras cuyos titulares pueden aceptar o rechazar acuerdos de explotación.
Esa es una de las principales advertencias de CooperAcción, organización que presentó el documento Diez tesis para abordar el tema de la minería artesanal y en pequeña escala, la informal y la abiertamente ilegal. Su planteamiento es que una nueva norma específica no será suficiente si no se revisan también aspectos de la Ley General de Minería, vigente desde 1992.
La discusión adquiere relevancia ante el vencimiento previsto del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el 31 de diciembre de 2026. La propuesta del Ejecutivo contempla un régimen temporal de consolidación para parte de los inscritos y la creación de un organismo especializado en formalización. Sin embargo, CooperAcción considera que persisten problemas estructurales que condicionan el acceso a la actividad legal.
El acceso a las concesiones, el principal obstáculo
José De Echave, investigador de CooperAcción, sostiene que una de las principales dificultades para los pequeños productores es encontrar dónde desarrollar sus actividades bajo condiciones legales. “La demanda de los mineros es dónde vamos a trabajar”, afirmó al explicar la dependencia de los operadores respecto de los titulares de concesiones.
Según las cifras presentadas por la organización, en el Perú existen alrededor de 22 millones de hectáreas concesionadas. De ese total, aproximadamente tres millones tendrían algún uso relacionado con prospección, exploración, extracción, plantas de beneficio o cierre de minas, de acuerdo con la información difundida por CooperAcción.
El proyecto de Ley MAPE propone incentivos para que los concesionarios suscriban contratos de explotación con mineros artesanales y pequeños productores. Entre ellos figuran beneficios vinculados con los pagos por derechos de vigencia y las penalidades.
La organización cuestiona que estos mecanismos mantengan la dependencia de los operadores respecto de la voluntad de los titulares. A su juicio, la propuesta no introduce cambios suficientes en las condiciones de acceso y uso de las concesiones.
“Hay espacio para pensar en una salida negociada para que los mineros que quieran formalizarse, cumplir los requisitos ambientales y sociales y pagar impuestos puedan acceder a un porcentaje de esas hectáreas”, sostuvo De Echave.
Una reforma que va más allá de la Ley MAPE
El documento de CooperAcción plantea que los cambios en la producción aurífera no han sido acompañados por una transformación equivalente del marco normativo y de las instituciones encargadas de regular la actividad.
De acuerdo con las cifras recogidas en el análisis, el número de productores de oro registrados pasó de 39 a más de 300 desde comienzos del siglo XXI. En paralelo, la participación conjunta de los cuatro principales productores cayó de casi 80% en 2005 a 31,1% en 2024.
Para la organización, estos cambios reflejan una mayor dispersión de la producción y el peso creciente de los pequeños operadores, un escenario que exige revisar las herramientas de regulación y fiscalización.
De Echave sostuvo que la minería artesanal, la pequeña minería y las actividades informales e ilegales tienen hoy un papel central en la producción aurífera nacional. Su diagnóstico apunta a que la política pública debe reconocer esa transformación sin confundir a quienes buscan ingresar a la formalidad con las redes que operan al margen de la ley.
La propuesta también considera las diferencias territoriales. En los Andes, CooperAcción identifica disputas por la superficie, las concesiones y la distribución de beneficios. En la Amazonía, advierte sobre los impactos de la minería aluvial mecanizada, la deforestación, la contaminación por mercurio y la presencia de redes criminales.
Reinfo: las dudas sobre una nueva ampliación
CooperAcción cuestiona los resultados del Reinfo y considera que el registro no ha establecido una ruta suficientemente efectiva para culminar los procesos de formalización. Por ello, plantea diferenciar los mecanismos de atención según el tipo de explotación, la organización de los productores y las condiciones de cada territorio.
Entre sus propuestas figuran el fortalecimiento de la fiscalización, la protección ambiental, la seguridad y las garantías de derechos. También plantea distinguir a los operadores que buscan regularizarse de las redes vinculadas con delitos como el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de insumos y el control violento de zonas mineras.
La organización considera que la formalización requiere más que mantener a los operadores inscritos en un registro: demanda condiciones para desarrollar actividades legales, cumplir obligaciones ambientales y tributarias y contar con mecanismos efectivos de supervisión.
De Echave también expresó dudas sobre la posibilidad de que el Congreso apruebe una nueva Ley MAPE antes del vencimiento previsto del Reinfo. Según su evaluación, si el proyecto no avanza, el debate de diciembre podría volver a concentrarse en una ampliación del registro, sin resolver los problemas de fondo.
El debate sobre el futuro del oro peruano
La discusión sobre la minería informal e ilegal pone en juego dos desafíos distintos: facilitar la incorporación de pequeños productores a la legalidad y fortalecer la capacidad del Estado para combatir las actividades criminales y los daños ambientales.
En ese escenario, CooperAcción sostiene que una reforma limitada a la Ley MAPE dejaría pendientes aspectos centrales del régimen de concesiones. Su propuesta es incorporar esos problemas a una revisión más amplia de la legislación minera y diseñar mecanismos diferenciados para las distintas realidades productivas del país.
El documento Diez tesis para abordar el tema de la minería artesanal y en pequeña escala, la informal y la abiertamente ilegal reúne los argumentos de la organización sobre el alcance de la formalización y los cambios que considera necesarios.
La publicación puede consultarse en el portal de CooperAcción por medio de este ENLACE.