LIMA. A mediados de diciembre del año pasado, el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad la Ley del Cuerpo de Guardaparques del Perú (5755). Esta decisión, por parte de la representación nacional fue considerada “un hito histórico en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó esta norma, que ha sido vista como un gran avance para la defensa de los derechos de los cerca de 800 hombres y mujeres que se dedican a la conservación del patrimonio natural en el ámbito de las ANP.
¿Cuáles son los aspectos observados por el Ejecutivo?
Según el documento dirigido al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes y recibido ayer, 25 de enero, la autógrafa de ley plantea la creación de un régimen especial laboral para los guardaparques, pero no justifica adecuadamente la exclusión de la carrera administrativa regulada en la Ley del Servicio Civil (30057). Tampoco advertiría mecanismos de progresión en la carrera propuesta, la cual contempla dos niveles: guardaparque y guardaparque experto.
Además, de acuerdo con la explicación del Ejecutivo para observar la norma, se señala que no considera el ingreso de los trabajadores a través de un concurso público de méritos. Esto podría generar un trato desigual y romper con el principio de igualdad de oportunidades para acceder a la función pública. Asimismo, la autógrafa carece de una adecuada fundamentación sobre la necesidad y conveniencia de su aprobación.
Por último, entre los aspectos observados, se destaca que no presenta un análisis cuantitativo y cualitativo que identifique a los posibles beneficiarios de la medida propuesta, así como el impacto que generaría y el costo de su implementación.
Ley de Guardaparques debería ser aprobada por insistencia
Para Sandro Chávez, exjefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la aprobación de la Ley del Cuerpo de Guardaparques representa un avance significativo, no solo para la defensa de las ANP, sino también para aquellos que son los protagonistas de la protección de estos espacios: los guardaparques.
El también past decano del Colegio de Biólogos del Perú añadió que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvieron la oportunidad de plantear sus cuestionamientos a la iniciativa mientras se debatía en en los diferentes espacios del Congreso, y no observar ahora la ley, pues “posterga, una vez más, a este importante sector que por años ha defendido las ANP de actividades ilícitas, muchas veces, en las peores condiciones”.
“Lo mejor que podría hacer el Congreso, en este caso, es aprobar la ley por insistencia. El Ministerio del Ambiente y el Sernanp deben mantenerse firmes en su defensa. […] La situación laboral de los guardaparques es muy peculiar respecto de otros trabajadores del Estado. Desde el 2011, se ha señalado la necesidad de tener una carrera de guardaparques y, si bien la ley podría mejorarse, sienta las bases para la creación de dicha carrera. Las contrataciones de los guardaparques, bajo los regímenes laborales que ya conocemos, no prevén los incentivos ni los derechos que les corresponde”, declaró a INFOREGIÓN.
La importante labor de los guardaparques
En un pronunciamiento público, el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sutrasernanp) precisó que la ley observada es producto “de un trabajo conjunto entre el Legislativo, el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Sernanp”, para reconocer sus derechos laborales.
En ese contexto, indicó que más del 50% del grupo de trabajadores guardaparques “proviene de comunidades nativas y campesinas”, las cuales “vienen desarrollando un servicio al país por más de 50 años, pero no gozan de todos los beneficios sociales y de la protección de la integridad humana“.
Quinto Inuma Alvarado, el defensor kichwa asesinado el 29 de noviembre del 2023 por sujetos presuntamente vinculados a la tala ilegal y el narcotráfico; ejerció por muchos años como guardaparque del Parque Nacional Cordillera Azul (Pncaz), ubicada en la región San Martín.
“Nosotros como defensores ambientales no solo nos enfrentamos a los infractores y bandas criminales que ejercen minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, sino también estamos expuestos a sufrir accidentes de diversas índoles. [La norma para los guardaparques] establece un régimen especial de acorde a las labores, […] otorga beneficios por exposiciones en alto riesgo, el derecho a obtener bonos por permanecer en el bosque, alimentación, entre otros; además de buscar una mejora salarial […] que permita cubrir la canasta básica familiar y prevenir los riesgos que asumen estos trabajadores”, se lee en el comunicado.
