Prórroga judicial en caso de alta complejidad
El Poder Judicial resolvió ampliar por 24 meses la investigación preparatoria contra Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del denominado caso Panama Papers. La medida fue dispuesta por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, mediante la Resolución N.º 5, emitida el 26 de septiembre de 2025.
La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía, que pedía extender el plazo en 36 meses para completar diligencias pendientes. No obstante, el magistrado consideró que una prórroga de 24 meses resultaba “razonable” dada la complejidad del caso, que involucra hechos ocurridos entre 2010 y 2018 y operaciones financieras hasta 2021.
El caso investiga una presunta organización criminal que habría operado mediante sociedades offshore en Panamá, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas, con el objetivo de ocultar y legitimar fondos de origen ilícito.
Imputación contra López Aliaga y otros implicados
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, entre 2010 y 2018 habría funcionado una estructura empresarial liderada por Rafael López Aliaga, destinada a mover capitales mediante empresas como ACRES Sociedad Titulizadora S.A. y ACRES Finance S.A., simulando operaciones para justificar ingresos no sustentados.
La Fiscalía atribuye al líder de Renovación Popular la autoría del delito de lavado de activos en su modalidad de conversión, al haber utilizado mecanismos financieros nacionales y en el extranjero para ocultar aproximadamente un millón de soles de procedencia irregular.
Los otros investigados son Rui Baracco Lira y Jimena Burmester Yáñez, acusados por transferencia y ocultamiento de fondos a través de sociedades creadas en el exterior. Ambos habrían constituido una offshore con la intermediación del estudio Mossack Fonseca, epicentro del escándalo global revelado por los Panama Papers.
Contratos bajo sospecha y perjuicio económico al Estado
Según la investigación fiscal, se habrían detectado dos contratos irregulares entre las empresas vinculadas a López Aliaga y la Caja Metropolitana de Lima.
El primero corresponde a un proceso de titulización de cartera, que habría generado un perjuicio estimado en S/ 9.9 millones, y el segundo a servicios de asesoría financiera y crédito inmobiliario, con una pérdida superior a S/ 27 millones, según informes de la Contraloría General de la República.
Ambas operaciones se realizaron sin estudios técnicos ni procesos de contratación regulares, beneficiando presuntamente a las empresas del grupo ACRES y generando un impacto negativo en el erario público.
Sociedades offshore vinculadas al caso
La documentación presentada por la Fiscalía identifica una red de sociedades offshore que habrían servido como vehículos financieros para mover fondos sin rastreo tributario. Entre ellas figuran:
- ACRES Investments Ltd (Nevada)
- ACRES Investments International Ltd Inc (Panamá)
- PAGA Investments Ltd (Islas Vírgenes Británicas)
Estas entidades estarían relacionadas con los imputados y habrían sido utilizadas para canalizar recursos desde el Perú hacia jurisdicciones de baja tributación, ocultando su origen real.
Defensas y argumentos ante el juzgado
Durante la audiencia, la defensa de Rafael López Aliaga aceptó someterse al plazo que el juzgado estimara conveniente, señalando que su cliente ha colaborado con la entrega de documentación contable requerida por la pericia.
Por su parte, las defensas de Rui Baracco Lira y Jimena Burmester se opusieron a la prórroga, argumentando inactividad fiscal y vulneración al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Alegaron que las diligencias pendientes son redundantes y que la Fiscalía no ha establecido una fecha precisa de culminación.
El juez Chávez Tamariz rechazó el control de plazo solicitado por las defensas, al considerar que las diligencias programadas son necesarias para esclarecer los hechos. Además, subrayó que los investigados no están sujetos a prisión preventiva, lo cual mitiga el impacto de la extensión.
Valoración del juez sobre el plazo razonable
En su resolución, el magistrado invocó el principio del plazo razonable, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permite evaluar la complejidad del caso, el número de imputados y las diligencias internacionales en curso.
El juez sostuvo que las asistencias judiciales internacionales, las pericias contables y las declaraciones de testigos extranjeros justifican la ampliación, dado que aún se están procesando informes remitidos por autoridades financieras de Panamá y Estados Unidos.
De este modo, el juzgado resolvió ampliar por 24 meses adicionales el plazo de la investigación preparatoria, fijando un nuevo horizonte para la conclusión de los actos fiscales.
Panama Papers y su impacto en el Perú
El caso Panama Papers, revelado en 2016, expuso una red global de empresas offshore utilizadas por políticos, empresarios y celebridades para evadir impuestos o lavar dinero. En el Perú, el caso derivó en varias investigaciones, entre ellas la que involucra a Rafael López Aliaga y su entorno empresarial.
La investigación sigue abierta y forma parte de las causas complejas a cargo del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder del Ministerio Público, que coordina con entidades internacionales para rastrear los flujos financieros.
Contexto político y repercusiones
La ampliación de la investigación ocurre mientras López Aliaga continúa ejerciendo la alcaldía de Lima Metropolitana, cargo que asumió en enero de 2023. Sus opositores sostienen que el proceso judicial podría afectar su imagen de cara a una eventual candidatura presidencial en 2026, mientras que sus defensores denuncian una “persecución política”.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha formalizado acusación ni solicitado medidas restrictivas, pero el fallo del juez Jorge Chávez Tamariz confirma que la causa seguirá activa al menos hasta 2027, en una de las investigaciones más extensas vinculadas al caso Panama Papers en el Perú.