El 4 de mayo, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, llegó a Pataz, La Libertad, junto al comandante general de la PNP y otros altos funcionarios, para liderar las acciones de seguridad tras el hallazgo de los cadáveres de 13 mineros de La Poderosa, secuestrados el 26 de abril por bandas de minería ilegal. Díaz lamentó la tragedia y prometió que los asesinatos no quedarán impunes, reafirmando el compromiso del gobierno contra el crimen organizado.
En conferencia de prensa, el ministro informó que la PNP ha interdictado 20 bocaminas ilegales e intensificado su presencia en la zona. Alrededor de 180 efectivos, incluyendo 50 agentes del Grupo Grecco, están desplegados realizando operativos de inteligencia y control territorial. Asimismo, se dinamizaron socavones y se destruyeron áreas invadidas por mineros ilegales.
La minera La Poderosa, que opera en la región desde 1980, ha denunciado que desde 2020, bandas criminales han tomado control de sus concesiones, resultando en al menos 39 asesinatos de trabajadores y ataques a instalaciones, incluido el derribo de torres de alta tensión .
El gobierno ha declarado el estado de emergencia en Pataz desde febrero de 2024 debido a la violencia de mafias mineras. Sin embargo, familiares de las víctimas y organizaciones civiles han criticado la respuesta estatal, exigiendo acciones más efectivas para garantizar la seguridad y justicia en la zona.
La llegada del ministro Díaz y el reforzamiento de las operaciones policiales buscan restablecer el orden y enviar un mensaje claro de que el Estado no tolerará la impunidad en las regiones afectadas por la minería ilegal.
