La Junta de Fiscales Supremos emitió este martes un pronunciamiento institucional para alertar sobre la crítica situación financiera que enfrenta el Ministerio Público para el año 2025, con un déficit presupuestal estimado en 81 millones de soles. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, encabezó la declaración en la que participaron todos los fiscales supremos, destacando que esta crisis económica limita la capacidad operativa de la institución y pone en riesgo la lucha contra el crimen organizado y otros delitos de alta gravedad.
¿Qué significa este déficit para el Ministerio Público?
El impacto económico, según explicó la fiscal Espinoza, se traducirá en una reducción significativa de recursos destinados a peritajes, desplazamientos y operativos estratégicos. Esto afectará directamente investigaciones contra delitos complejos como la minería ilegal, el narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, delitos ambientales, violencia contra la mujer, fraudes cibernéticos y el comercio ilegal de especies.
“La falta de presupuesto repercute en todas las áreas del Ministerio Público, incluyendo subsistemas fiscales y las unidades de apoyo necesarias para garantizar una acción penal efectiva”, enfatizó Espinoza, quien también resaltó que este escenario limita la capacidad para cumplir con objetivos esenciales en materia de justicia.
¿Qué proyecciones existen para el 2026?
La Junta de Fiscales Supremos advirtió que, lejos de mejorar, la situación financiera podría agravarse en 2026 con un recorte presupuestal proyectado de aproximadamente 145 millones de soles. Este nuevo recorte pone en riesgo la continuidad y eficacia de las labores fiscales en todo el país, sobre todo en la lucha contra las organizaciones criminales.
Estos recortes se suman a los 123 millones de soles ya reducidos en el presupuesto para 2025, a pesar de que el Ministerio Público logró una ejecución presupuestal de 97.5% en 2024 y mantiene cerca del 60% en lo que va del presente año, indicadores que muestran un uso eficiente de los recursos asignados.
Reclamo por homologación y remuneraciones
En el pronunciamiento, la fiscal de la Nación también solicitó que se asignen los recursos necesarios para implementar la homologación de fiscales de todos los niveles y para respetar la escala remunerativa del personal del Ministerio Público, aspectos fundamentales para mantener la estabilidad y profesionalización de la institución.
Espinoza recordó que, pese a las solicitudes formales realizadas a las autoridades, el Ejecutivo aún no ha cumplido con las promesas públicas de aumentar el presupuesto para estas necesidades prioritarias.
Justicia: inversión y no gasto
La Junta de Fiscales Supremos hizo un llamado contundente a las autoridades y a la sociedad para que reconozcan que la justicia no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión indispensable para fortalecer la democracia y garantizar el estado de derecho en el país.
“Reiteramos el pedido de nuestros fiscales y demás miembros del Ministerio Público, y hacemos ver que la justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”, concluyó la fiscal Espinoza.
¿Qué consecuencias podría tener esta crisis presupuestal?
La crisis presupuestal del Ministerio Público no solo afecta la capacidad de investigación y sanción de delitos, sino que también podría debilitar la autonomía constitucional de la institución, principio fundamental para garantizar la independencia en el ejercicio de la acción penal.
En un momento en que la criminalidad organizada crece y se diversifica, los fiscales advierten que sin los recursos adecuados, las acciones contra mafias, redes de narcotráfico y otros delitos graves serán insuficientes, lo que podría traducirse en un aumento de la impunidad y la inseguridad ciudadana.
