El fiscal José Domingo Pérez se refirió al proceso judicial contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien enfrenta un pedido de 29 años de prisión por delitos de corrupción vinculados a las constructoras Odebrecht y OAS. Según Pérez, la exautoridad podría beneficiarse de la prisión domiciliaria si alcanza los 80 años, edad a partir de la cual la ley permite cumplir condenas en casa bajo ciertas condiciones.
Pérez recordó que el Congreso de la República aprobó esta norma para personas mayores, y que si el juicio se prolonga, Villarán podría acogerse a este beneficio. No obstante, enfatizó que la Fiscalía cuenta con pruebas sólidas para demostrar su responsabilidad, incluyendo aportes económicos que la exalcaldesa admitió haber recibido y que no fueron reportados ante la ONPE, lo que configura un delito de lavado de activos.
El fiscal también destacó la necesidad de garantizar la igualdad ante la justicia, subrayando que los casos de corrupción deben sancionarse sin privilegios, dado que involucran millones de dólares en perjuicio del Estado. “Si el juzgamiento demora y la señora cumple los 80 años, la decisión final quedará en manos del Poder Judicial”, precisó.
La posibilidad de prisión domiciliaria genera un debate sobre los plazos judiciales y la percepción ciudadana frente a sanciones a políticos de alto perfil. Pérez señaló que, pese a la aplicación de esta norma, el sistema de justicia debe asegurar que las sentencias se cumplan de manera efectiva y sin excepciones indebidas.
El caso de Villarán se suma a otros procesos complejos de corrupción en el país, donde se busca balancear los derechos de los acusados adultos mayores con la exigencia de justicia por el mal uso de fondos públicos. Para la Fiscalía, la responsabilidad penal de Villarán está claramente acreditada y corresponde al Poder Judicial hacer cumplir las sanciones que correspondan.
En conclusión, el futuro judicial de Susana Villarán dependerá no solo de la solidez de las pruebas presentadas, sino también de los plazos procesales y las disposiciones legales que amparan a los adultos mayores en el sistema penal peruano, manteniendo la expectativa de que las sanciones se ejecuten de manera justa y transparente.