En una sesión conjunta que reunió a las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno, y de Transportes y Comunicaciones, el Congreso de la República debatió el Proyecto de Ley 12723/2025-CR, una iniciativa que propone medidas extraordinarias para combatir la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público. El tema llega en un contexto donde las mafias del transporte han tomado control de rutas, paraderos y cobranzas ilegales en distintas regiones del país.
Un proyecto frente a la expansión del crimen organizado
El Proyecto de Ley 12723/2025-CR, presentado por el presidente del Congreso José Jerí Oré, plantea una estrategia interinstitucional para erradicar el cobro de “cupos” y frenar los asesinatos por encargo que afectan a transportistas en Lima y provincias.
La propuesta busca fortalecer la seguridad económica y operativa del transporte público, implementando sistemas de inteligencia criminal, prevención financiera, capacitación y apoyo económico. “Queremos aprobarlo en el Pleno antes de noviembre para que sea una herramienta real contra el crimen”, señaló el congresista Juan Carlos Mori Celis, titular de Transportes.
La extorsión y el sicariato en este sector no son un fenómeno nuevo. En los últimos años, las mafias ligadas a redes criminales han extendido sus operaciones desde Lima hacia Piura, Trujillo y Arequipa, utilizando las empresas de transporte como vehículos para el lavado de dinero y la coacción violenta.
¿Qué plantea el nuevo proyecto de ley?
El proyecto, compuesto por cuatro artículos y cinco disposiciones finales, establece un marco de medidas extraordinarias y temporales. Su objetivo principal es reducir el riesgo y prevenir actos delictivos dentro del sistema de transporte público, garantizando la continuidad del servicio y la protección a conductores y empresarios.
Entre las acciones más destacadas figura la supervisión de pagos en efectivo sospechosos, incluyendo los llamados “aportes” o “vacunas”, que encubren extorsiones. Además, promueve la certificación de rutas seguras, la creación de mapas de riesgo, y la capacitación en autoprotección y denuncia.
También se propone un mecanismo de apoyo financiero preventivo, destinado a las empresas que se vean afectadas por extorsiones o paralizaciones forzadas. Según la iniciativa, estas medidas deberán aplicarse en coordinación con los ministerios de Interior, Justicia, Transportes y Economía, bajo un sistema de inteligencia compartido.
Debate en el Congreso: coincidencias y discrepancias
Durante la sesión conjunta, presidida por Karol Paredes Fonseca (Avanza País), los congresistas coincidieron en la urgencia del tema, aunque mostraron matices sobre la aplicación de los recursos. “Esta sesión conjunta simboliza el compromiso del Parlamento con soluciones normativas integrales y sostenibles”, sostuvo Paredes.
Por su parte, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, enfatizó la falta de ejecución presupuestal en el sector Interior. “Hace nueve años hay dinero para comprar equipos de control y no se ha hecho. Las leyes están, pero falta decisión política”, afirmó.
El almirante (r) Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia) fue más crítico: “Tenemos leyes de flagrancia y defensa propia, pero hay policías presos por aplicarlas. El problema no es legal, sino de ejecución y respaldo”.
Inseguridad en cifras: el costo humano del crimen
Según cifras recientes presentadas en el Congreso, más de 118 transportistas han sido asesinados en el país por negarse a pagar cupos o por disputas de rutas controladas por mafias. La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) advirtió que, pese a la existencia de múltiples normas, “tenemos leyes muertas, y este proyecto debe diferenciarse por ser ejecutable y realista”.
La preocupación compartida fue la impunidad de las bandas criminales que operan en el transporte informal, donde proliferan los cobros ilegales bajo la mirada débil de las autoridades locales. La articulación de un sistema nacional de inteligencia logística y financiera, según el proyecto, sería clave para detectar patrones delictivos y bloquear las rutas del dinero sucio.
Participación del Ejecutivo y entidades clave
En la sesión también participaron los ministros de Justicia, Interior y Transportes, además del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio Público y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, sostuvo que la propuesta “combina la inteligencia criminal con la protección de las víctimas y la coordinación multisectorial”. Mientras que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, reconoció que la PNP necesita potenciar su capacidad de investigación e inteligencia operativa.
El titular de Transportes, Aldo Prieto Barrera, destacó que el MEF deberá asegurar los recursos para la implementación del plan, mientras que la SBS aportará mecanismos de seguimiento financiero para detectar pagos sospechosos en cuentas o aplicativos móviles.
¿Puede el Congreso detener la ola criminal?
El debate de fondo gira en torno a una pregunta clave: ¿bastará esta ley para frenar la extorsión y el sicariato en el transporte público?
Los expertos coinciden en que la eficacia dependerá del compromiso político y la coordinación real entre sectores. Sin un sistema de control financiero y policial unificado, las normas corren el riesgo de quedar en el papel.
El congresista Roberto Chiabra (APP) propuso crear una sala de operaciones conjunta para monitorear la seguridad en el transporte urbano. A su vez, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina respaldó la necesidad de un sistema de inteligencia criminal financiera que permita seguir la ruta del dinero desde los cobros de “vacuna” hasta las cuentas bancarias.
Hacia una ley integral de seguridad en el transporte
El Congreso planea aprobar el proyecto antes de noviembre. De hacerlo, será la primera norma integral contra el crimen organizado en el transporte público, un sector que moviliza a millones de peruanos y que se ha convertido en uno de los principales blancos delictivos del país.
Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación práctica, el financiamiento sostenido, y el seguimiento judicial efectivo a los casos de extorsión y homicidios en el transporte.
El mensaje del Parlamento, al menos en el discurso, es claro: la seguridad del transporte público debe ser una prioridad nacional. Pero el desafío será transformar la ley en acción y no en otro documento archivado.