Compra de vehículos antidisturbios tras jornada de protestas
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la adquisición de 44 rochabuses y 56 tanquetas, destinados a reforzar el control del orden público durante manifestaciones. La medida se dio tras una serie de protestas nacionales y la reciente evaluación del estado de emergencia en Lima Metropolitana, una decisión aún en debate dentro del Consejo de Ministros.
Tiburcio explicó que la compra, postergada por más de nueve años, busca modernizar el equipamiento policial frente a los crecientes episodios de violencia en protestas sociales. “Hemos encontrado que tenemos presupuesto para ejecutar esta compra, pero se venía postergando año a año. Hace veinte años que no se adquieren estos rochabuses”, afirmó durante una sesión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional y Transportes y Comunicaciones del Congreso.
¿Por qué el Gobierno decidió invertir en rochabuses y tanquetas?
El titular del Ministerio del Interior (Mininter) sostuvo que el objetivo es “enfrentar las manifestaciones de forma profesional” y garantizar una respuesta operativa adecuada de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según precisó, actualmente ningún rochabus se encuentra operativo, por lo que se ha dispuesto movilizar unidades en desuso mientras se concreta la compra.
La adquisición coincide con la creciente tensión social por el malestar ciudadano hacia el Congreso y el Ejecutivo, así como por los rezagos del gobierno anterior. En ese contexto, el anuncio ha generado debate entre sectores que cuestionan la prioridad del gasto en equipamiento antidisturbios frente a demandas sociales urgentes.
Contexto de violencia y reacción institucional
La medida se produce pocos días después de la muerte del manifestante Eduardo Ruiz, ocurrida durante la marcha nacional del 15 de octubre. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que un efectivo policial fue el responsable del disparo que causó el deceso, hecho que reavivó las críticas sobre el uso de la fuerza en protestas.
A pesar de la controversia, Tiburcio insistió en que la compra permitirá actuar “de manera controlada, sin improvisaciones ni abusos”. Además, indicó que el Mininter se mantiene en “sesión permanente” para evaluar las condiciones de un estado de emergencia con resultados concretos, evitando medidas “declarativas” sin impacto real.
Estado de emergencia y planificación de seguridad
Consultado sobre la posible declaratoria de estado de emergencia, el ministro aseguró que el Ejecutivo aún evalúa los mecanismos para implementarlo con una estrategia unificada entre las fuerzas policiales, el Ministerio de Defensa y las direcciones especializadas del sector Interior.
“No queremos repetir medidas sin resultados. Buscamos un estado de emergencia planificado, con tareas específicas y objetivos medibles”, remarcó Tiburcio. El Consejo de Ministros precisó que la decisión se adoptará una vez que se garantice la operatividad total del nuevo equipamiento y el despliegue coordinado de las unidades.
El anuncio marca un cambio en la política de seguridad interna, priorizando la modernización de las herramientas policiales ante el aumento de disturbios y conflictos sociales en diversas regiones del país. Sin embargo, organismos de derechos humanos advierten que el uso de vehículos antidisturbios debe regirse bajo protocolos estrictos para evitar nuevos abusos.