Por: Enrique Chávez
El Congreso de la República vuelve a estar bajo la lupa. La reciente adjudicación de las pólizas de salud para sus 3.445 trabajadores y familiares —incluidos cónyuges e hijos hasta los 24 años—, lo que suma un total de 7480 personas, ha desatado cuestionamientos internos por la incorporación inédita de una corredora de seguros como intermediaria en el proceso.
En el concurso participaron las compañías Pacifico, Mapfre, La Positiva, Rímac, que es la aseguradora que venía prestando el servicio, y Sanitas. Luego de la primera vuelta del voto entre los trabajadores, quedaron Rimac y Sanitas como finalistas adjudicándose finalmente la póliza de alrededor de /.60 millones a Sanitas, la que debía iniciarse el 1 de octubre. Rímac, por su parte, ha demandado ante Susalud la nulidad del proceso por lo que considera una falta de imparcialidad en las instancias decisoras.
Según los documentos revisados por CARETAS, la empresa Confianza Corredores de Seguros fue designada como intermediario exclusivo en la contratación de las pólizas con la aseguradora que resultara ganadora, con una comisión del 5 % reconocida, y exigida, por el propio Congreso. Este margen equivale aproximadamente a S/ 3 millones, monto que se convirtió en obligatorio por instrucción expresa del área administrativa del Legislativo.
Hasta este año, los contratos de seguros del Congreso se realizaban de manera directa con las aseguradoras, sin intermediarios y sin el pago de comisiones adicionales. Más allá de la puja entre postores competidores y los intereses de cada empresa, aquí se levantan importantes preguntas sobre la asignación de comisiones millonarias que antes no existían y, naturalmente, su destino.
Un beneficio extendido y cuestionado
El contrato 2025–2026 no solo abarca a los trabajadores del Congreso, sino también a sus cónyuges e hijos de hasta 24 años, una cobertura ampliada que eleva sustancialmente el costo total del servicio y que, en la práctica, convierte al Estado en asegurador privado de miles de familiares.
La medida fue adoptada bajo la actual gestión del presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), el ex colaborador de Martín Vizcarra quien enfrenta otras controversias. La empresaria Blanca Ríos lo ha señalado públicamente por el presunto cobro de coimas para incluir sus proyectos en el Presupuesto de la República cuando presidió la comisión correspondiente. El mismo Jerí tuvo una denuncia por violación sexual que fue posteriormente archivada.
Los papeles que delatan el cambio
En una carta del 3 de octubre de 2025, la Dirección de Recursos Humanos del Congreso solicitó a Rímac EPS mantener la cobertura vigente por 60 días adicionales, citando la Resolución de Superintendencia N° 142-2011-SUNASA, “con la finalidad de garantizar la cobertura del personal del Congreso de la República”. La idea es extender esa cobertura mientras se resuelven los graves problemas en marcha.
El proceso para renovar las pólizas de salud del Congreso comenzó de manera regular, pero en cuestión de semanas sufrió cambios sucesivos en su cronograma y la repentina incorporación de una corredora privada que no había sido parte de las reglas iniciales.
Según el pedido de nulidad presentado por Rímac EPS al Congreso el 30 de setiembre, la primera invitación formal fue remitida el 21 de julio de 2025 mediante el Oficio N.º 3544-2025-DRH-DGA-CR. En ella, la Jefatura de Seguros del Parlamento convocaba a las aseguradoras interesadas a presentar propuestas para la renovación del Plan Médico / Plan de Salud 2024–2025, con fecha límite de presentación fijada para el 14 de agosto.
Rímac cumplió el plazo y presentó su propuesta el 31 de julio, pero el proceso cambió de rumbo rápidamente. El 14 de agosto, a través de la Carta N.º 3715-2025-DRH-DGA-CR, el Congreso extendió el plazo de presentación hasta el 19 de agosto.
Rímac volvió a presentar su oferta actualizada, pero ese mismo día recibió dos nuevas comunicaciones que alteraron por completo el escenario.
La primera, Carta N.º 3735-2025-DHR-DGA/CR, modificaba otra vez el cronograma, extendiendo el plazo final hasta el 21 de agosto.
La segunda, Carta N.º 104-2025-DGA/CR, informaba por primera vez que el Congreso había designado como “intermediario exclusivo” a la empresa Confianza Corredores de Seguros S.A.C., encargada de representar al Parlamento en el proceso y de coordinar directamente con las EPS participantes.
En el proceso que estaba en marcha no había intervenido una corredora en la contratación del seguro médico del Congreso, y menos con carácter de exclusividad.
El 28 de agosto, Ricardo Castillo Corbella y Daniel Vega Martínez, gerente general y gerente técnico, respectivamente, de Confianza Corredores de Seguros, remitió al Congreso, con atención a Martina Marangunich del Área de Seguros, una carta crítica de lo que había sido el desempeño del servicio de Rímac y el desconocimiento de los afiliados del Congreso tenían en general sobre los beneficios de los seguros, y recomendó “un nuevo proceso de selección de EPS”.
Al día siguiente, el 29 de agosto, el Congreso envió el Oficio N.º 3807-2025-DRH-DGA/CR comunicando la cancelación del proceso iniciado el 21 de julio, bajo el argumento de que el análisis técnico y presupuestal revelaba “costos elevados y oportunidades de mejora”.
Rímac precisa que, junto con esa comunicación, se distribuyó el Informe N.º 296-2025-AS-DRH-DGA/CR, el cual incluía información técnica y económica de todas las propuestas presentadas —incluso de competidores—, lo que, según la empresa, vulneró la normativa de SUSALUD, que establece que tales datos solo deben ser compartidos con los trabajadores para que puedan emitir su voto informado en la elección del plan.
De la negación al mandato: el 5% que se volvió obligatorio
Tras la cancelación de la primera convocatoria, el Congreso reinició el proceso de selección con un nuevo cronograma y los mismos actores. El Oficio N.º 3809-2025-DRH-DGA/CR invitó a Rímac EPS a participar nuevamente en la elección del Plan de Salud 2025–2026.
La aseguradora consultó de inmediato si en esta nueva etapa debía considerar el pago de una comisión al corredor designado, solicitando además que se precise el porcentaje o monto aplicable.
La respuesta llegó el 4 de septiembre de 2025 mediante la Carta N.º 142-2025-AS-DRH-DGA/CR: el Congreso sostuvo que “no le corresponde definir ni establecer el monto o porcentaje de comisión, ya que esto forma parte de las negociaciones entre la aseguradora y el intermediario”.
Para reforzar esa posición, se adjuntaron incluso capturas de pantalla de consultas realizadas por el personal de Confianza Corredores de Seguros a otras aseguradoras, como si se tratara de un proceso comercial independiente.
Con base en esa respuesta, Rímac presentó su nueva propuesta el 5 de septiembre, dentro del plazo previsto. Pero menos de dos semanas después, el discurso cambió por completo.
El 18 de septiembre, mediante el Oficio N.º 3927-2025-DRH-DGA/CR, el Congreso exigió confirmar si la propuesta económica incluía una comisión del 5% para la corredora.
El documento advertía que, de no ser así, la empresa sería descalificada del proceso.
Esa disposición —según la propia aseguradora— no tiene respaldo legal ni aparece en ninguna norma ni reglamento del sistema de salud o contratación pública.
El oficio también fijaba un plazo de 24 horas: la respuesta debía presentarse a más tardar el 19 de septiembre.
Rímac cumplió con contestar en ese plazo, pero, en paralelo, la jefa de Seguros del Congreso, Martina Marangunich, envió un correo electrónico informal en el que daba “por sentada la aceptación del 5% de honorarios de asesoría” por parte de la aseguradora. El 24 de septiembre, Rímac respondió oficialmente, advirtiendo que, si el Congreso insistía en incluir una comisión del 5% a favor del corredor, “debe de tenerse en consideración que dicho incremento formará parte del nuevo costo del Plan de Salud/Plan Médico, el mismo que es pagado con fondos públicos que forman parte del presupuesto de la Entidad”.
La cuenta la paga el Estado. ¿Por qué poner como una regla de juego la comisión para la corredora?
La aseguradora recordó además que esta exigencia contradice el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 018-2025-2026/MESA-CR, que establece expresamente que la contratación de un corredor de seguros no debe generar gasto alguno para la entidad pública.
Un viejo nombre, nuevos problemas
Confianza Corredores no es ajena a las polémicas. En setiembre de 2024, el nombre de la empresa saltó en reportaje de Latina como corredora de una cuestionada contratación de seguros en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), donde se denunció un incremento al doble de los precios de las pólizas, desvío de fondos dentro de la institución y la duplicación de la comisión para el bróker, del 5% al 10% (https://www.youtube.com/watch?v=vtlHY3MKt9A ). En aquel caso, la Contraloría recomendó iniciar acciones administrativas y penales.
Más trabajadores, más gasto
El contexto agrava la controversia. La planilla del Congreso ha crecido de manera sostenida: pasó de 3.007 trabajadores en 2021 a 3.577 en 2025, mientras el costo mensual de la planilla se elevó de S/ 15 millones a S/ 26 millones. En promedio, hay 28 trabajadores por cada congresista, frente a los 21 de hace apenas cuatro años.
Ese crecimiento administrativo —con frecuentes contrataciones de asesores y personal de confianza— se refleja ahora en el número de asegurados bajo las nuevas pólizas. Es decir, más empleados y más familiares cubiertos implican más gasto público, y ahora también una comisión privada inédita.
Para la opinión pública, la operación refuerza la percepción de un Congreso desconectado del país real, beneficiando a sus propios funcionarios mientras el resto del Estado recorta inversiones. En medio de denuncias por irregularidades, el Legislativo parece blindar a sus trabajadores… y a su corredora.