Durante casi dos siglos, El Comercio ha sobrevivido a guerras, golpes de Estado, dictaduras, al asesinato de uno de sus directores, crisis económicas, revoluciones tecnológicas y a la lenta desaparición del periódico de papel como centro del universo informativo. Pero nunca, al menos no de esta manera, el control de la empresa había estado tan cerca de abandonar el laberinto familiar de los Miró Quesada, que lo retuvieron durante generaciones desde su fundación. Cuando esto parecía inevitable, un cuestionado juez puso freno a la operación que lo haría posible. Y de este modo la venta se paró. Para ser precisos, jurídicamente hablando, no se está vendiendo el diario El Comercio.
Lo que 79 de los 271 accionistas del conglomerado acordaron fue transferir el 62,9464142 % de Empresa Editora El Comercio SA, matriz del grupo multimediático más grande del país. El paquete se repartiría entre Inversiones Newscorp SAC, vinculada a Francisco Picasso Candamo, que adquiriría el 51 %, y César Emilio Rodríguez Larraín Salinas, que compraría el 11,9464142 % restante. La diferencia es importante porque detrás de esa sociedad no hay solamente un periódico. Están El Comercio, Trome, Gestión, Depor, Ojo, Correo y diversas plataformas digitales. Y, sobre todo, América Televisión, la cadena de señal abierta más importante del Perú, y Canal N. El Grupo El Comercio controla el 70 % de Plural TV, propietaria de ambos canales; el 30 % restante está en manos del Grupo La República (GLR), encabezado por Gustavo “Chicho” Mohme Seminario.
En 2025, la radiodifusión produjo aproximadamente S/433 millones en ingresos, frente a unos S/178 millones de la prensa escrita, cuyo modelo de negocio colapsó hace por lo menos una década. El diario puede seguir siendo el símbolo, pero es la televisión la que para la olla.
LA LARGA VENTA
En octubre de 2024, la Junta de Accionistas decidió vender. La operación recién se hizo pública en julio de 2025, cuando aparecieron como posibles interesados Corporación E. Wong y Zest Capital. El Comercio admitió entonces que evaluaba “alternativas estratégicas”, aunque negó la existencia de una oferta vinculante.
También se interesó Carlos Añaños, pero el empresario ayacuchano nunca presentó una oferta económica real. Meses después surgió el nombre del Grupo Paltarumi, del empresario minero y hoy propietario de Panamericana Televisión, Jimmy Pflucker Pinillos, cuya participación fue desmentida formalmente por los Miró Quesada.
El proceso adquirió consistencia en mayo último, cuando Francisco Picasso Candamo y Emilio Rodríguez Larraín presentaron una propuesta contante y sonante. Picasso procede de un universo empresarial ajeno al periodismo —farmacéutica, alimentos, minería e inversiones— y la compra lo convertiría en empresario mediático. Rodríguez Larraín, en cambio, conocía la casa desde dentro: ya era accionista, estuvo casado con Milagros Miró Quesada Martens y, como abogado, tiene una larga trayectoria en empresas vinculadas a la televisión y la aviación. Cuando el fujimontesinismo acosó al entonces propietario de Frecuencia Latina, Baruch Ivcher, Rodríguez Larraín era vicepresidente del directorio de la televisora. Además, su hijo, Emilio Rodríguez Larraín Miró Quesada, integra actualmente el directorio de Empresa Editora El Comercio. La operación, por tanto, no suponía exactamente la llegada de extraños derribando las puertas de la familia. Parte del nuevo bloque propietario mantenía conexiones familiares, societarias y empresariales con el viejo El Comercio.
A finales de mayo, 79 accionistas reunieron el 62,9 % que finalmente sería comprometido. Otros 29 expresaron inicialmente su disposición a vender aproximadamente otro 20,03 %. Casi el 83 % del capital había mostrado así voluntad de desprenderse de sus acciones, aunque solo el primer bloque formalizó el acuerdo. Era una cifra extraordinaria para una empresa que cerró 2025 con 271 accionistas comunes y ninguno con más del 5 % a título individual. En términos societarios, “los Miró Quesada” son muchas ramas, muchos intereses y muchas decisiones individuales. Allí estaba también la bomba de tiempo.
LOS QUE NO QUISIERON VENDER
El Estatuto Social reconoce un derecho de adquisición preferente: antes de que determinadas acciones sean vendidas a terceros, los demás accionistas deben tener la oportunidad de comprarlas bajo las reglas previstas internamente. Durante semanas se creyó que este mecanismo sería utilizado para impedir que Picasso Candamo asumiera el control. El plazo vencía el 6 de julio y la compañía sostuvo que ningún accionista lo había ejercido válidamente. Tres accionistas tenían otra
interpretación: Alois Miró Quesada Koechlin, el brasileño Arthur do Nascimento Silva y Hernando López de Romaña Dalmau. Los tres aseguran que ejercieron el derecho reconocido por el artículo 9 del Estatuto dentro del plazo y mediante las comunicaciones correspondientes. Afirman, además, que llevaban cerca de dos años participando en due diligence, reuniones con asesores financieros y legales, análisis de la compañía y propuestas de inversión.
El 6 de julio a las 4:25 de la tarde, entregaron una carta manifestando su decisión de adquirir la totalidad de las acciones ofertadas. Aceptaron el precio, detallaron las que comprarían en primera y segunda rueda, declararon conocer las condiciones relacionadas con el fideicomiso y afirmaron aceptar íntegramente la oferta. Un detalle adquiriría después enorme importancia: la propia Empresa Editora El Comercio acusó recibo ese mismo día y reconoció que el 6 de julio vencía el plazo para ejercer el derecho preferente. Pero pidió algo más: que los accionistas precisaran y adjuntaran determinadas renuncias del Grupo La República. Gustavo “Chicho” Mohme, también heredero y propietario de GLR, había decidido, probablemente de acuerdo con Picasso, no ejercer su derecho preferente sobre el 30 % que posee en los canales de televisión. López de Romaña, Miró Quesada Koechlin y Do Nascimento Silva respondieron que esas renuncias no eran un requisito previsto por el Estatuto. El Comercio sostuvo lo contrario.El 13 de julio comunicó que el derecho preferente “no ha sido ejercido correctamente”: a su juicio, no existía plena identidad entre la oferta original y la aceptación porque faltaban las renuncias de GLR. Los tres accionistas acudieron entonces a un juzgado civil de Lima.
Sostienen que no buscaban impedir la venta, sino determinar si se habían respetado las reglas societarias. La diferencia parece pequeña. No lo es. Una operación capaz de redefinir el mapa del como propietarios de las 173 671 569 acciones y El Comercio no podía inscribir a Newscorp ni a Rodríguez Larraín en su matrícula de acciones. Si la transferencia ya se había realizado, la orden era todavía más severa: dejarla provisionalmente sin efecto y prohibir que la empresa le reconociera consecuencias societarias. La cautelar debía, además, anotarse en el libro de matrícula de acciones bajo responsabilidad del gerente general. La resolución del 30 de julio ha paralizado una compra millonaria del grupo mediático hegemónico del país. El fondo deberá resolverlo un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Lima.
Los demandantes ofrecieron como contracautela una carta fianza de apenas 50 000 dólares para una operación que puede llegar a los 60 millones de dólares. El grupo afectado sostiene que la medida fue concedida sin escuchar previamente a la otra parte, como permite este tipo de procedimiento. Hay también un reloj corriendo. Los beneficiarios deben iniciar el arbitraje dentro de los diez días posteriores a la ejecución de la medida, si todavía no lo han hecho, y el tribunal arbitral debe constituirse dentro de los noventa días de dictada la cautelar. De lo contrario, caduca.
LA REACCIÓN DE “CHICHO” MOHME
Quienes han seguido de cerca el proceso sostienen que “Chicho” Mohme no está dispuesto a vender el 30 % que el Grupo La República posee en los canales: es el negocio que solventa a su diario. Tampoco quiso ser socio de Erasmo Wong.
Todo indica que llegó a un acuerdo con Picasso Candamo y Emilio Rodríguez Larraín para una convivencia civilizada si se concretaba la compra a los Miró Quesada. Pero en la puerta del horno se le quemó el pan a “Chicho”. Solo así se explicaría su iracunda reacción: dos portadas y varias notas demoledoras de La República contra el controvertido juez Varillas, quien acumula varios fallos polémicos en su cuestionada carrera como magistrado.
LOS HOMBRES DETRÁS DEL FRENO
Alois Miró Quesada Koechlin pertenece a la familia históricamente propietaria del diario y es accionista. Hernando López de Romaña Dalmau tiene una larga experiencia en el mercado de capitales y figura en registros de la SMV como antiguo accionista relevante de Edelnor. Su perfil es el de un inversionista familiarizado con estructuras societarias complejas. El brasilero Arthur do Nascimento Silva es fundador, promotor y director de Zest Capital, precisamente uno de los grupos mencionados como posibles compradores en 2025. Sin embargo, no tendría el capital suficiente ni, aparentemente, la capacidad de levantarlo para comprar El Comercio.
Se dice que ofreció adquirir las acciones de un grupo dispuesto a vender alrededor del 20 %, por un monto muy superior al pactado con Picasso y Rodríguez Larraín. Los citó hasta cinco veces en la Notaría Corvetto, pero nunca llegó. Entre quienes pactaron la venta existe la convicción de que Do Nascimento no podrá comprar la empresa y que, por ahora, solo ha conseguido detener la operación a la espera de alguna recompensa para retirar su demanda. La misma sospecha recae sobre Alois Miró Quesada Koechlin, pero no sobre Hernando López de Romaña Dalmau, empresario que sí tendría la espalda financiera necesaria para una operación millonaria.
Sintomáticamente, López de Romaña envió dos cartas a los accionistas. En la primera, del 4 de agosto, rechazó indignado cualquier irregularidad que pudiera haberse cometido sin su consentimiento para obtener la cautelar que paralizó la venta. Al día siguiente mandó una segunda misiva desdiciéndose de la anterior. Sus destinatarios todavía no logran entender la confusión.
Y EL JUEZ
Juan Gustavo Varillas tampoco llega a este expediente sin historia. Ha intervenido en cautelares de fuerte impacto económico: la disputa por los derechos audiovisuales de la Liga 1, el cobro del peaje de Puente Piedra administrado por Rutas de Lima y una controversia relacionada con Kimberly-Clark. En el caso del fútbol fue objeto de denuncias e investigaciones. En marzo de 2024, una resolución administrativa de la Corte de Lima suspendió a Varillas. Su intervención en el caso El Comercio llamó también la atención por la rapidez.
Según la reconstrucción de los plazos, entre feriados y días no laborables habría dispuesto de apenas tres días y medio efectivos para examinar el expediente antes de conceder la cautelar. Tres accionistas y un juez han conseguido detener, por ahora, una transacción capaz de cambiar el control del grupo mediático más importante del país. Lo que probablemente ya no puedan detener es aquello que hizo posible la venta.
El Comercio todavía no tiene nuevo dueño. Sus antiguos dueños, en cambio, parecen haber empezado a despedirse. poder mediático peruano quedó dependiendo de una discusión que parece diseñada para una clase de derecho societario: qué debía contener exactamente la aceptación de una oferta.
LA CAUTELAR
Los tres accionistas acudieron al juez Juan Gustavo Varillas Solano, titular del Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima. Y, en tiempo récord para la carga procesal de los juzgados limeños, Varillas encontró razones suficientes para colocar un candado judicial sobre la operación mediante una manoseada figura legal: la “cautelar fuera de proceso”. Si la venta todavía no se había consumado, quedaba prohibido celebrarla, formalizarla, ejecutarla o registrarla. Los 79 vendedores debían continuar figurando