Protección Dañina

El Perú avanza, no sin contradicciones, hacia una economía moderna. En las calles de Arequipa, los mercados de Chiclayo o las plazas de Iquitos, se percibe movimiento y emprendimiento. Pero también una informalidad que, lejos de retroceder, se ha enquistado como norma. En el centro de esta realidad está una paradoja: las leyes creadas para proteger a los trabajadores terminan excluyendo a millones de peruanos del acceso a un empleo formal.
El sistema legal laboral peruano, inspirado en los principios de la OIT y recogido en la Constitución, reconoce derechos fundamentales: estabilidad ante el despido arbitrario, libertad sindical, no discriminación, vacaciones, gratificaciones, CTS, seguro de salud y pensiones. En teoría, un marco aplaudible. En la práctica, sin embargo, estas garantías solo alcanzan a una minoría.
Según el INEI, más del 70 % de los trabajadores peruanos están en la informalidad. Para ellos, la legislación vigente es apenas un eco: beneficios que existen en el papel pero que nunca experimentarán. Cuanto más exigente es la norma, más difícil es cumplirla para una micro o pequeña empresa. La sobreprotección legal termina funcionando como una muralla que impide el ingreso a la formalidad.
El drama se repite con ejemplos concretos. Un bodeguero evita inscribirse en la Sunat porque los trámites son complejos. Un comerciante del Gran Mercado Mayorista de Lima que decide pagar S/ 1500 a un trabajador, en realidad tendrá que desembolsar más de S/ 2400 al sumar CTS, gratificaciones, aportes a EsSalud, y seguros complementarios. Esa diferencia puede significar la quiebra para un pequeño negocio con márgenes estrechos.
Los costos laborales no salariales en el Perú pueden representar entre el 40 % y el 60 % adicionales al salario, algo inviable para muchos emprendimientos. A ello se suman rigideces legales: si un restaurante en Máncora contrata mozos para la temporada alta, corre el riesgo de que un juez reinterprete ese contrato temporal como indefinido. Si una fábrica subcontrata transporte, enfrenta sobrecostos por normas que, aunque buscan evitar abusos, entorpecen la competitividad.
Incluso figuras como el despido por causa objetiva –por bajo desempeño o conducta– se han convertido en litigios largos, inciertos y costosos. Muchos empleadores prefieren tolerar ineficiencia antes que arriesgarse a un proceso que podría obligarlos a pagar montos impagables o reincorporar a alguien con quien ya no pueden convivir laboralmente.
Todo esto configura un círculo vicioso. La justicia laboral, lenta y muchas veces impredecible, termina desincentivando la formalización. El empleador pequeño, lejos de ver en la ley un camino al crecimiento, la percibe como un riesgo. Y, por lo tanto, prefiere la relativa seguridad de la informalidad, no necesariamente por evasión dolosa, sino por supervivencia.
Las consecuencias son profundas. Una minoría formal accede a seguridad social, vacaciones y jubilación, mientras la mayoría enfrenta la vejez sin pensión, la enfermedad sin seguro, y el desempleo sin red de protección. El Estado pierde miles de millones de soles en recaudación, y la competencia informal distorsiona los mercados y deprime salarios.
Lo más grave es que el crecimiento económico del Perú no se traduce en bienestar para todos. Una economía que no logra integrar a su fuerza laboral a un sistema de derechos básicos es una economía que, por más sólida que luzca en cifras, padece una fractura social de fondo.