El Robespierre del Ministerio Público ha caído por su propia espada. José Domingo Pérez, el fiscal que durante años encarnó la furia justiciera de un sector de la opinión pública, ha sido apartado del cargo por una decisión institucional. Como el jacobino radical, su cruzada fue implacable hasta que el mismo aparato que lo aclamó encontró en él una amenaza a la objetividad. Su carrera, que inició con promesas de refundación moral, termina con una sanción administrativa sustentada en una decisión del Tribunal Constitucional. Más allá del puñado de medios amigos que insisten en defender los resultados de su trabajo, el único estruendo es el del silencio que lo rodea.
La suspensión por seis meses de Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, marca un punto de quiebre simbólico en una saga judicial que prometió transformar al país y termina exhibiendo sus fracturas. La decisión de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, basada en una resolución previa del TC que le dio la razón al abogado Arsenio Oré Guardia, confirma que Pérez no podía investigar un caso donde era parte interesada. El TC anuló todos los actos fiscales que se desprendieron de su participación en el caso ‘Cócteles’.
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