1968 marcó un punto de quiebre en la historia del Perú. En un país sacudido por crisis políticas y tensiones económicas, la disputa por los yacimientos de La Brea y Pariñas con la IPC encendió la chispa de la inestabilidad. Entre la caída de ministros, el escándalo de la “Página 11” y la presión en los cuarteles, el golpe de Velasco se gestó en las sombras.
Era un país muy diferente y también semejante. Basta recordar que Mario Vargas Llosa era un brillante novelista de 32 años que vivía fascinado con el Che Guevara, muerto en Bolivia el año anterior, a quien describió en su columna de CARETAS como “uno de esos voluntariosos visionarios que se empeñó en acelerar la historia”. Durante su periplo ruso concluyó que “un ‘rico’ en la URSS tiene, sí, la posibilidad de vivir mejor que los demás, pero en ningún caso la de explotar a nadie. Y este hecho me parece fundamental, la más sólida diferencia entre los sistemas económicos que se disputan el mundo”.
El entusiasmo del escribidor daba cuenta de la efervescencia ideológica esparcida por el mundo. No era ajeno el país de Fernando Belaúnde, donde el arrojado arquitecto vendió su “Perú como doctrina” para construir un partido de masas basado en las nuevas clases medias urbanas, en contraposición a la centroizquierda del APRA, la izquierda soviética internacionalista y la derecha ultraconservadora y terrateniente representada por el odriísmo.
Y era un Perú extrañamente semejante porque entonces, como ahora, la refinería de Talara fue un peculiar protagonista de la vida nacional. La llamaban “una cafetera” que requería de USD 10 millones de la época para ponerse al día. Poco menos de USD 90 millones actuales ajustados a inflación. Unos centavos de los USD 6500 millones que cuesta ahora.
Los números fueron buenos para Belaúnde en sus primeros años de gobierno. Entre 1963 y 1967 el producto bruto por habitante pasó de S/ 7 mil a S/ 11 mil. La renta nacional subió 8.5 % en 1967. Pero el país se endeudó y en septiembre de ese año se produjo una brusca devaluación del 40 %. La inflación se disparó y, consecuentemente, también el costo de vida.
Belaúnde enfrentó la versión local, la de Luis de la Puente Uceda, de los focos guerrilleros multiplicados por la región. También los levantamientos contra los terratenientes de la sierra reprimidos con apoyo del Ejército. La oposición implacable en la que se aliaron los apristas y la derecha neutralizó sus conatos de reforma agraria y le censuró a diez ministros, en varios casos por motivos irrisorios.
Uno de los grandes temas pendientes del gobierno de Belaúnde fue la reforma agraria. Desde su campaña de 1963, el presidente había prometido impulsar una transformación del modelo de tenencia de tierras en el Perú, con el objetivo de acabar con el latifundismo y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Sin embargo, las resistencias dentro del Congreso y del propio Estado bloquearon su aplicación efectiva.
El proyecto de reforma agraria aprobado en 1964 fue limitado y no alteró significativamente la estructura de propiedad de la tierra. La oposición parlamentaria, en particular la alianza entre el APRA y la Unión Nacional Odriísta (UNO), obstaculizó las iniciativas del gobierno, condicionando los cambios a favor de los sectores terratenientes. Mientras tanto, la presión social aumentaba, y los movimientos campesinos radicalizaron sus demandas, exigiendo una redistribución más agresiva de la tierra.
CARETAS advirtió de la calentura en los cuarteles por el trato que la oposición le dio al general Francisco Morales Bermúdez, que solo duró dos meses como ministro de Hacienda en 1968, y al gabinete presidido por Raúl Ferrero Rebagliati, al que la Cámara de Diputados, presidida por el aprista Armando Villanueva del Campo, le retiró la confianza tras el escándalo de contrabando que salpicó a miembros del gobierno.
La respuesta vino con el “gabinete conversado” del médico Oswaldo Hercelles, que cayó después de cuatro meses. ¿La razón? El escándalo de la “Página 11”.
La crisis se originó en la disputa por la explotación de los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas, administrados por la International Petroleum Company (IPC). El contrato que se negociaba con la empresa, bajo el auspicio del gobierno estadounidense, generó indignación en amplios sectores de la opinión pública y en el propio aparato estatal.
La empresa, que lo explotaba en condiciones abusivas desde principios de siglo, se resistía a entregar el yacimiento sin compensación. Las razones eran sobre todo de imagen, pues el Perú le significaba apenas 15 mil barriles de crudo diarios (hoy, de capa caída, son 40 mil). Pero no podía proyectar la imagen, ante el resto de sus filiales en el mundo, que a la IPC le expropiaban sin compensación.
“La verdad está en que la IPC ha cedido posiciones que sostuvo tercamente durante cinco años de negociaciones”, matizó CARETAS. “Belaúnde y el gobierno habían sostenido ante la Standard desde 1963 una tesis expresada así: “Ustedes aceptan darnos los yacimientos y después hablamos”.
Este medio consideró que la renegociación, con la entrega del yacimiento y la conservación de la refinería por parte de la empresa, resultó beneficiosa. “Es evidente que la IPC ha tenido que tomar en cuenta la proximidad de las elecciones. Una justa electoral es siempre un proceso de radicalización de la opinión pública. En ese encuadre, el gobierno peruano podía verse visto obligado a una intervención por la fuerza, en yacimientos y refinería. En la Fuerza Armada había suficiente impaciencia como para ejecutarlo con mano dura”.
Y remató: “el presidente Belaúnde, con su decisión sobre el petróleo, asume ante el público una imagen remozada. Puede decirse, sin ambages, que se ha anotado un histórico éxito personal y político”.
Hubo tensión hasta el último momento de la entrega del yacimiento. Pero ahí no acabó la historia.
Arriba, Víctor Delfín ya era galardonado.
En ese camino midieron fuerzas Carlos Loret de Mola, presidente de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF), de perspectiva más estatista, y Pablo Carriquirry, ministro de Fomento, más pro empresa. Y este último se impuso. En consecuencia, Loret de Mola quedó fuera de la negociación y, tras la firma del contrato de venta y servicios entre la EPF y la IPC, lo renunciaron.
Fuera del juego, Loret de Mola reveló en televisión que del documento había desaparecido la “página 11”, que presuntamente contenía cláusulas claves del contrato con la IPC, lo que habría terminado por favorecer a la empresa. La oposición, encabezada por el APRA y sectores de izquierda, acusó al gobierno de entregar los recursos del país a intereses extranjeros.
En retrospectiva, lo de la Página 11 –para unos un monumento al entreguismo, para otros apenas un mito– fue una tormenta en una taza de petróleo. Y el precio a pagar resultó inconmensurable.
“Quienes azuzan el golpe, desde la posición que sea, se comportan como irresponsables. Un cuartelazo haría daño al país y daño al Ejército. Lo peor, no resolvería ningún problema de fondo”. Así advirtió CARETAS en las vísperas del desenlace.
El 3 de octubre de 1968, un grupo de militares encabezado por el general Juan Velasco Alvarado derrocó al presidente Fernando Belaunde Terry, marcando el inicio de un gobierno militar que se extendería por 12 años.
Para el capital, el gobierno de Velasco significó una maldición. Qué paradoja que la oligarquía del pradismo y odriísmo se entusiasmara con el golpe. Y que incluso conspirase para propinarlo. Prueba viviente en la juramentación de Velasco fue la presencia de Miguel Ángel Testino, “conspicuo financista y miembro del directorio de la Compañía de Seguros Atlas”. Y en la lista seguían muchos más.
La intención de algunos sectores era promover una dictadura militar “moderada” o incluso semejante a las del Cono Sur, de extrema derecha y represoras. Pero Velasco era un nacionalista que se empapó por el Nasserismo socialista, influyente en la época. No pasaron muchos días para que la puerta de la redacción de CARETAS fuera derribada por las botas de la soldadesca. Era apenas un aviso de lo que estaba por venir. (Enrique Chávez)
