Cristina Fernández de Kirchner representa para muchos argentinos un legado de corrupción. Tanto ella como su fallecido marido, el expresidente Néstor Kirchner, encarnaron la última vertiente peronista encaramada en el poder. Se han publicado docenas de investigaciones periodísticas, libros y reportajes sobre los casos en los que la pareja estuvo involucrada. De hecho, puede argumentarse que el kirchnerismo parió al actual presidente Javier Milei y su discurso contra la “casta” enganchada con el erario público.
En los últimos días fue confirmada la sentencia de seis años por corrupción e inhabilitación perpetua en la función pública contra la también exvicepresidenta. Pero, a la vez de confirmar la pena, la Cámara de Casación Penal extendió por 40 días hábiles el plazo para que las partes presenten sus recursos extraordinarios contra la decisión del tribunal. Mientras tanto, Cristina seguirá en libertad y se calcula que el caso no será revisado por última vez hasta mediados de 2025.
Mientras tanto, en el Perú la Fiscalía pide 31 años de cárcel contra Nicanor Boluarte por un caso de designación de prefectos. La acumulación de potenciales sentencias, permitida por la legislación peruana en lugar de la aplicación de la más alta, resulta en la posibilidad de una pena de cárcel tan interminable como aquella.
El juez Richard Concepción Carhuancho accedió al pedido de la Fiscalía y le impuso al hermano Boluarte 3 años de prisión preventiva. Mientras el juez carcelero desarrollaba su resolución en un absurdo período de tiempo –tres días con sus noches–, Nicanor puso pies en polvorosa. A su abogado Mateo Castañeda lo premió y, por presentarse a la audiencia, solo le dio dos años de prisión preventiva. Castañeda se encuentra involucrado vía el llamado caso “Los Waykis en la Sombra”, y durante el proceso se han desplegado al menos tres claros montajes por el lado de Eficcop para meterlo preso: el coronel Harvey Colchado en su papel de “agente encubierto”, el frustrado intento de “venderle” material de las cámaras de la Diviac y el falso secuestro de Iván Siucho, que por cierto devino en el sonado caso de Andrés Hurtado, “Chibolín”.
Seis años para Kirchner, 31 para Nicanor. Prognosis similar, por cierto, a la que se plantea contra Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y etcétera.
Pocas cosas más indignantes para la opinión pública como los casos de corrupción. Pero es esa misma sensibilidad la que, otrora, determinó protecciones e inmunidades. La corrupción siempre se ha practicado y el Perú es reconocido como un país especialmente proclive. Sin embargo, la politización de su persecución es siempre un riesgo que entraña el proceso.
Nicanor Boluarte no era funcionario, sino el primer hermano de la nación. Su hermana llegó al poder por accidente. Pedro Castillo fue un peligroso accidente, y ella fue el accidente del accidente. Burócrata de segunda fila y candidata fracasada a la alcaldía de Surquillo, Dina Boluarte tenía una formación política limitada, basada en las experiencias con el hermano durante la hegemonía de Alfonso Barrantes en la izquierda. Mucho después recaló en el partido extremista, al menos en el papel, de Vladimir Cerrón.
Consumada y fracasada la intentona golpista de Castillo, cercado por unas prácticas corruptas pocas veces vistas incluso para el Perú, más por sus características primitivas –con ministros que tenían que coimear al presidente para seguir en el cargo, como los policías que querían ser generales, por ejemplo– que, por su alcance sofisticado, la hermana subió al poder.
Desde el principio cayó fatal. Su promesa de quedarse hasta el 2026, torpe e innecesaria pero probablemente certera, desató las iras de un sector de la población que, en parte, hubiera querido que el golpe de Castillo funcione, con el consecuente cierre del Congreso.
Aunque no con la rapidez que esperaba el encarcelado expresidente, el incendió se propagó por la pradera en los días siguientes al 7 de diciembre de 2022. El 12 se produjeron las primeras muertes en Apurímac, cuna de los Boluarte, y el entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, denunció que los prefectos elegidos por el gobierno de Castillo, casi todos ligados al magisterio, la mitad procedentes del Fenate vinculado al Movadef, instigaban las protestas violentas. Entonces fueron cesados.
Los prefectos presuntamente elegidos por Nicanor fueron designados en los meses siguientes, hasta julio de 2023. La acusación es en realidad sencilla. A cambio del puesto, el beneficiado debía apoyar la creación del partido Ciudadanos por el Perú, tanto con recolección de firmas como con cuotas.
Nicanor Boluarte, por cierto, declaró a CARETAS que los impulsores del partido eran algunos de esos amigos barrantistas de viejo cuño, y no él.
Hoy suena ridículo que una señora con el 3 % de aprobación según las encuestas pensara en organizar un partido. Pero todo depende de la óptica del momento. Lo que no tenía Dina Boluarte era precisamente un partido. Expulsada de Perú Libre y entregada a políticos como los Acuña y los Luna para garantizar su supervivencia, habría intentado irse por el sueño de la carpa propia con fines proselitistas y, luego, algún grado de protección.
Y es que los prefectos siempre han sido actores netamente políticos en el Perú. Más concretamente, operadores del gobierno y el mandatario de turno. Es por eso que los prefectos suelen ser militantes del partido en el poder. Esta vez la cosa fue al revés: prefectos para formar el partido.
Es probable que la decisión se revierta en segunda instancia, como ya pasó con la detención preliminar que Concepción Carhuancho impuso contra Nicanor y Castañeda.
El hermano, ahora caricaturizado, era el de la experiencia política, no Dina. Su paso por el sector público, que incluyó un viceministerio, lo hacía más conocedor y no es difícil imaginar por qué recurrió a él en las circunstancias que le tocaron. Guardando las distancias, quizá otro hubiera sido el rumbo del Perú en los 90 si Vladimiro Montesinos no hubiera sacado del camino a Santiago Fujimori, que ayudó a conformar los primeros equipos tecnocráticos tras el aluvión electoral del “chino”.
Mientras tanto, Dina se queda sin un soporte fundamental para ella. En un primer momento el ex PCM Otárola competía por el favor de la señora. Pero ahora, como lo ha dicho en reuniones en Palacio, Dina considera un traidor a Otárola, como también al exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. La presidenta se muestra totalmente segura que el expediente Rolex fue filtrado por Otárola luego de su salida de la PCM determinada por un video embarazoso con Yaziré Pinedo. Su confianza era tal que el premier Gustavo Adrianzén fue prácticamente seleccionado por Otárola.
En estas circunstancias, la limitada presidenta se rodea de ministros sicofantes como el propio Adrianzén, Eduardo Arana en Justicia –a quien amenazó con sacar tras la preventiva contra Nicanor– y Juan José Santiváñez en Interior. El último celebró su cumpleaños en El Sol de la Molina con una gran parrilla el pasado fin de semana. El país seguía sacudido por el crimen de Sheyla Cóndor, a manos de un policía que luego se suicidó. Increíblemente, Darwin Condori había pasado 15 días de detención preliminar acusado por una violación en grupo. En la policía lo suspendieron seis meses y luego volvió como si nada. Como ese y otros casos lo demuestran, Santiváñez comanda una institución clave y muy debilitada. Con sus colegas Arana y Adrianzén –grupo al que se sumó la ministra de la Mujer, Ángela Hernández– conversaron de lo bien que les iba y que todos los huevos debían ponerse en los resultados del Estado de Emergencia. Parecía una charla de un país distinto.