Los tambores de la vacancia presidencial han vuelto a sonar durante la última semana. La primera en poner el tema nuevamente en la agenda pública, fue Patricia Chirinos (Avanza País), quien llegó a escribir, cual sentencia, que la destitución de la presidenta Dina Boluarte, es “inevitable”. Aunque esto, de momento, sería solo una declaración de intenciones, pues desde su despacho indican que ni siquiera hay un borrador de la moción que iniciaría el proceso.
A este pedido de vacancia se sumó Jaime Quito (Bancada Socialista), quien anunció que presentaría el texto y pidió a los congresistas de derecha que no blinden a la actual jefa de Estado, cuyo mandato tendría ya fecha de vencimiento. Según las declaraciones que el prófugo Vladimir Cerrón dio a Cuarto Poder, la fecha tentativa para vacar a la presidenta sería abril o julio de 2025, justo cuando por ley, a la presidenta le sería imposible cerrar el Parlamento.
Es en este contexto en el que la presidencia de Boluarte empieza a tambalear que emerge la figura de Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien ha tomado protagonismo al presidir la Comisión de Constitución, y acelerar su agenda de mano dura.
La primera ley promulgada con el sello de Rospigliosi es la que ordena la prescripción de los delitos de lesa humanidad anteriores al año 2002. Esta polémica norma obligó a la Fiscalía a pronunciarse en contra, advirtiendo que no solo los militares y policías, sino también los terroristas procesados por los casos “Soras”, “Las Gardenias”, entre otros, podrían beneficiarse de esta. Por estas razones, también presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la misma.
Como titular de Constitución, está en sus manos el trámite de una propuesta de la bancada Honor y Democracia, que apunta a dar amnistía a los miembros de la Policía, las Fuerzas Armadas y a los políticos que estén siendo procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno y no tengan sentencia firme.
La agenda de Rospigliosi está fuertemente relacionada a la protección a los policías y militares que hayan cometido delitos de función. Otra de sus propuestas busca impedir que los miembros de las fuerzas del orden sean juzgados en los fueros civil y militar por los mismos hechos y hacer que sea esta última jurisdicción la encargada de ver, de preferencia, estos temas.
El respaldo del congresista fujimorista a las fuerzas del orden no se queda solo en la presentación de proyectos de ley, pues firmó, junto a José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú), la denuncia constitucional a todos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, por “negarse” a aplicar la ley que da a la Policía, la facultad de hacer investigaciones preliminares.
Pero el versátil Rospigliosi también tiene tiempo para ocuparse de otros temas. Por ejemplo, fue bajo su conducción de la Comisión de Constitución que se aprobó un dictamen que baja el número de votos necesarios para que el Tribunal Constitucional defina en demandas competenciales y que indica que los jueces podrán rechazar liminarmente demandas que cuestionen las decisiones parlamentarias.
Entre los demás asuntos parlamentarios que se tramitarán bajo su mando, está el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria que propone José Balcázar (Perú Libre). Con esta ley aprobada, no se podrá investigar, procesar ni detener a ningún parlamentario, sin el permiso del Legislativo.