Se ha dado inicio a un sombrío capítulo en la historia del transporte peruano. La delincuencia ha tomado las calles de Lima y se ha ensañado con los transportistas. La semana pasada la empresa de transportes Etuchisa sufrió un ataque directo con armas de fuego.
No abarca solo a los empresarios transportistas o conductores; sino que ahora hasta los familiares de los choferes se encuentran amenazados. Y lamentablemente no termina de circunscribirse solo a ese ámbito, sino que también afecta a los pasajeros, quienes al abordar estas unidades se encuentran expuestos al plomo.
Según el vocero del Gremio de Transportistas de Lima y Callao, David Mujica, al menos “un 40 % de empresas de transporte están pagando cupo a extorsionadores”. La Autoridad para el Transporte Urbano (ATU) salió públicamente a informar que se va a involucrar en el asunto. Se reunió con los representantes de empresas de transporte y pudo, recién, escuchar en qué medida la mayoría de estos siguen siendo extorsionados. Sin embargo, las acciones que se gestionan son inútiles “mesas de trabajo”.
Hace dos semanas, la empresa de transporte urbano Cruz del Centro también sufrió un ataque, en el que le dispararon a un conductor. A pesar de que el gremio ha realizado plantones y manifestaciones pidiendo más seguridad, la situación no ha cambiado. Sino por el contrario, se incrementa. Se sabe que los buses utilizan stickers para ser diferenciados: quienes pagan de quienes no.
La Policía Nacional del Perú sí tiene conocimiento de las amenazas a transportistas. Y estas no solo se desarrollan en el transporte urbano, sino que también lo padecen las asociaciones de mototaxistas en diversos distritos de la ciudad, quienes casi a diario sufren atentados sin piedad a luz del día.
Un problema complejo
La delincuencia se expande cuando no hay presencia estatal, se agrava la pobreza, prevalece un sistema judicial que libera a delincuentes o cuando los policías están dirigiendo el tráfico en vez de patrullar por las zonas más peligrosas de Lima.
Nuestra ciudad, desbordada enfrenta un desafío enorme para garantizar la seguridad en todas sus áreas. Para empezar, el tener la ausencia de una vigilancia efectiva y de una respuesta rápida en las calles permite que los extorsionadores operen con impunidad, sumergiendo a las empresas de transporte en un ciclo interminable de temor y extorsión.
Pero también hay que reconocer que la informalidad en el sector de transportes es un factor que agrava el problema. Muchas empresas operan sin las debidas licencias y regulaciones, funcionando en un espacio nebuloso que carece de control y supervisión. Esta no solo deja a las empresas vulnerables a ataques externos, sino que también impide la implementación de medidas preventivas y de seguridad adecuadas.
De otro lado, sabemos que la corrupción es el nexo oscuro que conecta a los extorsionadores con la impunidad que disfrutan. En muchos casos, los grupos criminales operan con la complicidad de funcionarios o agentes policiales corruptos que permiten que sus actividades prosperen sin consecuencias.
La extorsión a transportistas no solo se ha incrementado en Lima. En regiones donde las oportunidades económicas son limitadas, los grupos delictivos encuentran una cantera de individuos desesperados dispuestos a involucrarse en actividades criminales a cambio de una ganancia rápida. Por poner un ejemplo, Piura y La Libertad son asediadas con atentados diarios, entre ellos, la quema de buses.
Según el Sistema de Denuncias de la Policía (Sidpol), las extorsiones han aumentado más de un 200 % en algunas regiones. A febrero de este año, los datos recopilados reflejan que al menos en 12 regiones del Perú los casos de personas afectadas por este delito presentaron un aumento de entre el 100 % y 220 %, cifra muy superior al promedio nacional.
Pérdidas y miedo a inversión
Las pérdidas económicas derivadas de la extorsión son altas. Si bien no hay un número aproximado de los pagos que se destinan a los delincuentes por un comprensible temor, se sabe que los transportistas pagan alrededor de 10 soles al día por bus (hay empresas que tienen una flota de más de 50 buses).
Este costo no solo afecta la rentabilidad de las empresas, sino que también se traduce en precios más altos para los usuarios. Las empresas que se ven obligadas a destinar recursos significativos para protegerse de la extorsión enfrentan una presión financiera que, finalmente, recae en el bolsillo ajustado de todos los ciudadanos.
Pero también la inseguridad generada por estos ataques afecta la operación del sector. Las empresas se ven forzadas a rediseñar sus rutas y horarios para evitar áreas de alto riesgo –lo que puede resultar en retrasos y costos adicionales–.
Así también la inseguridad deteriora la moral de los trabajadores (conductores, cobradores, controladores, etc.) y afecta la percepción del sector como un lugar de trabajo confiable.
Pero quizá la consecuencia más dolorosa es el temor que generan a las futuras inversiones. Es crucial que el gobierno tome medidas decisivas, como la aplicación de inteligencia policial y se debe crear con urgencia una unidad de la PNP que solo esté especializada en la lucha contra la extorsión.
De otro lado, la colaboración entre las autoridades y los transportistas es crucial para abordar la extorsión de manera directa y efectiva. Se debe trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad para darles toda la información y desarrollar estrategias de prevención. El impacto de la extorsión en el sector de transporte peruano es profundo, doloroso y multifacético. A corto plazo, las empresas de transportes enfrentan costos elevados y una mayor inseguridad operativa. Sin embargo, a largo plazo, con la disuasión de inversiones y el deterioro de la infraestructura logística, la extorsión puede paralizar el país.