La tarde del viernes 23, la fiscal superior provisional Marita Barreto llegó con varios equipos de prensa hasta un edificio de Casuarinas, la zona residencial más cara del país, para denunciar el secuestro de un testigo clave para sus investigaciones. Según la coordinadora de Eficcop, el empresario Francisco Iván Siucho Neira, investigado por presunto delito de lavado de activos provenientes del tráfico de oro ilegal, había sido secuestrado en su propia casa. Hubo una primera foto filtrada a la prensa, que esa tarde circuló profusamente por los medios de comunicación electrónicos, donde se veía a la poderosa fiscal Barreto en el lobby del lujoso edificio escuchando al presunto secuestrado. La narrativa de Eficcop era que, el controvertido empresario minero, había sido plagiado por un grupo de siete desconocidos, entre los que estaban dos suboficiales de la Policía en actividad, para amedrentarlo. Callarlo en su calidad de aspirante a colaborador eficaz en el caso etiquetado como “Los Waykis en la sombra”. La especie que se inoculó a la opinión pública era que, desde el poder oficial, se estaba usando a la Policía para secuestrar, intimidar y torcer a un “testigo clave”, precisamente, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho debe decidir el pedido de presión preventiva de 36 meses hecho por el fiscal Carlos Ordaya López, del equipo de Eficcop, contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. Todo parecía calzar en el libreto. Policías en actividad haciendo papel de matones por orden de algún poderoso. Un supuesto testigo de cargo, pidiendo ser colaborador eficaz, intimidado para no seguir colaborando. Y una valiente fiscal, que sale de su oficina para defendernos de la obscena corrupción enquistada en lo más alto del poder político, apersonándose a la escena del crimen y, con su sapiencia e indudable talento, declarar ante las cámaras de televisión que fue un secuestro al paso con la finalidad de torcer la actividad probatoria del Ministerio Público. Pero, el libreto duró poco tiempo. El tiempo que se tomaron los periodistas –que no son rehenes de la fuente que les filtra con poca discreción carpetas, audios e instrumentos de investigaciones reservadas– en analizar el caso.
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