Jerí endurece discurso y anuncia nuevas medidas contra el crimen tras convenio entre Minjus y Fiscalía

El presidente afirmó que pasaron diez años sin decisiones firmes contra la delincuencia y destacó que el nuevo acuerdo permitirá usar la base de datos penitenciaria para anticipar operaciones criminales.

por Edgar Mandujano

Gobierno activa una nueva estrategia desde los penales

El presidente José Jerí volvió a endurecer su mensaje contra la inseguridad ciudadana y lanzó una acusación directa: “tuvieron que pasar diez años para que un Gobierno tome decisiones firmes en la lucha contra la criminalidad”. La afirmación se dio durante la firma del convenio interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Ministerio Público, un acuerdo que busca convertir la base de datos penitenciaria en una herramienta clave para neutralizar el accionar del crimen organizado.

El mandatario subrayó que desde los penales se han articulado, durante años, redes delictivas que coordinaban extorsiones, secuestros, sicariato y lavado de activos. Pese a ello —señaló— la información existente no había sido utilizada. La pregunta que dejó en el aire fue contundente: ¿por qué no se usaron antes las herramientas disponibles para combatir estas redes criminales?


Uso estratégico de la data penitenciaria

Durante su intervención, Jerí destacó que el convenio permitirá aprovechar información almacenada durante años en sistemas digitales, discos duros y archivos en la nube. Según afirmó, allí se encuentran “el origen y la planificación de la criminalidad de los últimos años gestada desde los penales”.

Para el Ejecutivo, este es un punto de quiebre. La base de datos penitenciaria se convertirá en una herramienta de análisis, monitoreo y anticipación de amenazas criminales, integrando información sobre internos de alta peligrosidad, operaciones comunicacionales, rutas de financiamiento y patrones delictivos.

El convenio, firmado en la sede del Minjusdh, contó con la participación del ministro Walter Martínez y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quienes destacaron que esta alianza permitirá mejorar la persecución penal y fortalecer la política criminal y penitenciaria.

Aquí surge otra interrogante clave: ¿cómo se gestionará esta información y qué mecanismos garantizarán su uso eficiente y seguro?


Criminalidad en movimiento y respuesta del Estado

El presidente Jerí enfatizó que el enemigo común es la delincuencia y que el Gobierno asumirá una postura de “mano dura” con todas las herramientas disponibles. Recordó que la lucha contra el crimen exige constantes ajustes en la estrategia. “Como toda guerra, corresponde plantear y replantear la estrategia porque el enemigo siempre está en movimiento”, sostuvo.

El mandatario anunció que en los próximos días se revelarán nuevas medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, lo que anticipa una fase de intensificación en las políticas de control y prevención. Aunque no adelantó detalles, fuentes del Ejecutivo consultadas días previos han señalado que se evalúan mecanismos tecnológicos, refuerzo de inteligencias especializadas y mayor control en penales considerados de alta peligrosidad.

La pregunta que empieza a tomar forma es: ¿cuáles serán estas nuevas medidas y cómo modificarán la dinámica del sistema penitenciario y la persecución penal?


Fortalecimiento institucional en medio de críticas

El convenio interinstitucional llega en un contexto de alta demanda social por resultados concretos en materia de seguridad, con encuestas que muestran preocupación creciente por delitos como extorsión, sicariato y robos violentos. Según cifras oficiales recientes, más del 80% de la población percibe que la criminalidad ha aumentado en los últimos meses.

Por ello, la administración Jerí necesita mostrar avances tangibles. El discurso presidencial apunta a diferenciarse de gestiones anteriores señaladas por inacción. “Nunca quisieron usar la información, sus motivos tendrán”, dijo el presidente al referirse a autoridades previas que —según su interpretación— conocían de la existencia de esta data sin aprovecharla en investigaciones criminales.

El Ministerio Público, por su parte, señaló que la integración de bases de datos permitirá mejorar la persecución penal y dar respuesta a crímenes articulados desde los penales, como los casos recientes vinculados a mafias de extorsión y cobro de cupos.


¿Un nuevo modelo de inteligencia penitenciaria?

El acuerdo abre paso a un modelo que podría transformarse en un nuevo estándar para el manejo de información penitenciaria. Este incluye el análisis de flujos de comunicación, seguimiento de redes internas y externas, y el fortalecimiento de la interoperabilidad entre las entidades del Estado.

Lo que se busca es anticipar y neutralizar planes criminales antes de que se ejecuten. Una tarea que, como reconocen expertos en seguridad, requiere no solo tecnología, sino también coordinación institucional y una política penitenciaria coherente. La cuestión que queda sobre la mesa es: ¿podrá este convenio convertirse realmente en un punto de inflexión o será un esfuerzo limitado por la burocracia y la complejidad del sistema penitenciario?

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que este es solo el primer paso de una estrategia más amplia que será anunciada progresivamente.


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