El gobierno de Argentina, a cargo de Javier Milei, envió al congreso un proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», más conocida como la «ley ómnibus». Tiene 664 artículos y en ellos propone la privatización de 41 empresas estatales, algunas de las emblemáticas, un ejemplo Aerolíneas Argentinas, la petrolera YPF y Ferrocarriles Argentinos, que es la empresa del estado con mayor cantidad de empleados públicos.
Milei, quien no tiene mayoría en el parlamento, señaló que este proyecto legislativo es el más profundo, ya que contiene dos tercios “de todas sus propuestas de reforma.
Para sus detractores, la más preocupante es la que pide declarar en “emergencia pública en materia económica, fiscal, financiera, defensa, seguridad, energética, defensa, social y administrativa hasta el 31 de diciembre del 2025. Un periodo que podría ser prorrogado por dos años más.
En la práctica, si esta norma se aprueba, Milei tendría durante sus cuatro años de gobierno la potestad de decidir sobre todos estos temas sobre los que hoy solo puede legislar el Parlamento.
El proyecto de ley, de 351 páginas, también incluye la reforma electoral como la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, más conocida como PASO, que han sido motivo de controversia desde su creación en el año 2009.
No solo eso, en una amplia diversidad de ejes, el proyecto contiene límites a las marchas y piquetes, el traspaso de la Justicia Nacional a la ciudad, la implementación del Juicio por Jurados, la declaración de emergencia pública y económica hasta fines del 2025 y el aval del Ejecutivo a privatizar 41 empresas estatales.
El Gobierno lo ha estructurado de acuerdo con su objetivo de impulsar la libertad económica que se sostiene sobre los principios de «la protección del derecho de propiedad, base de la producción y el desarrollo». Así, el texto destaca que estas reformas se plantean en «defensa de la vida, libertad y propiedad de todos los argentinos».
Mientras, las centrales sindicales argentinas anuncian un paro general para el próximo 24 de enero. La pregunta es si podrá Milei aprobar su ambiciosa reforma, la respuesta nadie la sabe, solo el tiempo lo dirá.
La Confederación General del Trabajo, cuenta con unos 7 millones de afiliados, y pidió ante la justicia argentina la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei, con una movilización de miles de personas a la sede de los tribunales en Buenos Aires.
Pero en las últimas horas, el Presidente adelantó que si el Congreso rechaza el Decreto que desregula la economía llamará a un plebiscito.
