Norma Yarrow, diputada de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2028 la autorización que permite el retiro libre del 100% de los depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La iniciativa toma como argumento los posibles efectos económicos del fenómeno El Niño 2026-2027 y los gastos que podrían afrontar los trabajadores ante eventuales emergencias.
La propuesta busca modificar la disposición complementaria transitoria única de la Ley 32322, que actualmente permite la libre disponibilidad de estos fondos hasta el 31 de diciembre de 2026. De aprobarse, el beneficio alcanzaría a los trabajadores del régimen laboral privado que reciben CTS y no exigiría demostrar que sus viviendas sufrieron daños por lluvias, inundaciones, huaicos o deslizamientos.
Retiro de CTS hasta 2028: ¿qué plantea el proyecto?
La iniciativa legislativa propone extender por dos años la autorización excepcional para disponer de hasta el 100% de los depósitos de CTS. Para ello, plantea modificar la Ley 32322 y establecer como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2028. La medida permitiría que los trabajadores utilicen sus ahorros para afrontar gastos relacionados con posibles daños ocasionados por el fenómeno El Niño.
El proyecto comprende a los trabajadores del régimen laboral privado que tienen derecho a este beneficio. Además, no establece como requisito acreditar que una vivienda sufrió daños por lluvias intensas, inundaciones o deslizamientos. Por tanto, la propuesta no limitaría el acceso a quienes resulten damnificados, sino que mantendría la libre disponibilidad para los trabajadores comprendidos en la norma.
Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es brindar mayor liquidez a las familias ante posibles pérdidas económicas y gastos de recuperación. La congresista Norma Yarrow sostiene que los efectos de los eventos climáticos pueden extenderse más allá del periodo de lluvias y generar necesidades económicas que requieren recursos adicionales.
Fenómeno El Niño: las cifras de los desastres que sustentan la iniciativa
Uno de los principales antecedentes que recoge el proyecto es el fenómeno El Niño Costero de 2017. Según cifras de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, citadas en el expediente, aquel evento dejó 447.018 viviendas afectadas, inhabitables o colapsadas en el país. El documento utiliza estos datos para dimensionar las consecuencias que pueden generar las lluvias y otros eventos asociados.
El desglose registra 381.076 viviendas afectadas, 28.533 inhabitables y 37.409 colapsadas. La iniciativa también incorpora información sobre las emergencias de 2023: el Ministerio de Vivienda realizó 71 convocatorias del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, dirigidas a más de 14.200 familias damnificadas de doce regiones. El subsidio contemplaba un pago mensual de S/500 durante un periodo de hasta dos años.
Otro antecedente corresponde a un estudio citado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su Reporte de Inflación de marzo de 2026. Según esa referencia, los hogares de provincias afectadas por El Niño de 2017 tuvieron una probabilidad de caer en pobreza 1,4 puntos porcentuales mayor, al considerar sus características socioeconómicas.
Retiro del 100% de la CTS como respaldo ante un despido
El proyecto reconoce que ampliar la libre disponibilidad de la CTS tiene una contrapartida para los trabajadores. Este beneficio fue concebido como un fondo de protección económica ante la pérdida del empleo, por lo que retirar la totalidad de los depósitos puede reducir los recursos disponibles para afrontar los gastos después de un eventual cese laboral.
Asimismo, el uso de esos ahorros implica dejar de acumular los intereses que generarían mientras permanecen en una entidad financiera. Por ello, aunque la propuesta busca facilitar el acceso al dinero ante posibles emergencias climáticas, también supone que cada trabajador evalúe cuánto necesita retirar y qué respaldo económico conservará para el futuro.
En su análisis de costo-beneficio, Yarrow sostiene que la iniciativa no generaría gasto público adicional ni nuevas obligaciones económicas para los empleadores, debido a que permitiría disponer de fondos que ya pertenecen a los trabajadores. Sin embargo, el documento no cuantifica el posible impacto sobre los depósitos de CTS en el sistema financiero.