La Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República aprobó por unanimidad la derogatoria de una norma contraria a principios constitucionales y que afectaba las inversiones de los gobiernos regionales y locales en perjuicio de su población.
El texto aprobado, recaído en el dictamen del Proyecto de Ley 6244/2023-PE, deroga la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.
Dicha disposición establece que los recursos vinculados a instrumentos de incentivos en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) y a fondos concursables, creados o por crearse, no podrán ser otorgados a los gobiernos regionales y locales que se encuentren en estado de emergencia como consecuencia de actos de violencia y/o alteración del orden público, entre otros.
La aplicación de dicha norma ha generado algunas situaciones de exclusión de gobiernos locales en las transferencias de partidas efectuadas en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, se menciona en el proyecto de ley.