Si una persona hiere a un delincuente mientras intenta protegerse, ¿puede terminar enfrentando una investigación penal? El Gobierno modificó las reglas de la legítima defensa para otorgar mayores garantías a quienes utilizan la fuerza para proteger su vida, integridad o bienes frente a una agresión.
El cambio fue oficializado mediante el Decreto Legislativo 1743, publicado el 8 de noviembre en el diario oficial El Peruano. La norma modifica el artículo 20 del Código Penal e incorpora disposiciones al Código Procesal Penal para establecer cómo deben evaluar estos casos fiscales y jueces.
Uno de los principales cambios es que ahora se presumirá que quien ejerce la legítima defensa actuó de manera racional frente a la agresión. Si el Ministerio Público considera que la respuesta no fue racional, deberá demostrarlo.
Legítima defensa: ¿qué cambia con el nuevo Decreto?
El decreto establece que la legítima defensa puede ejercerse mediante el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, siempre que concurran las condiciones previstas en el Código Penal.
La primera es que exista una agresión actual, ilegítima y real. La segunda es la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. La norma incorpora expresamente que se presumirá que la persona actuó racionalmente, por lo que corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario.
Además, se elimina el criterio de proporcionalidad de medios para evaluar la necesidad racional de la defensa. Esto significa que no se exigirá una equivalencia entre el arma o mecanismo utilizado por el agresor y el empleado por quien se defiende.
En su lugar, las autoridades deberán considerar factores como la intensidad y peligrosidad del ataque, la forma de proceder del agresor, los medios disponibles para defenderse y los bienes jurídicos que se buscaba proteger.
La evaluación también deberá realizarse desde la perspectiva de quien ejerció la defensa y teniendo en cuenta las circunstancias que existían en el momento de la agresión.
¿La Fiscalía puede archivar una investigación por legítima defensa?
Sí. El Decreto Legislativo 1743 incorpora una disposición al artículo 334 del Código Procesal Penal para establecer que el fiscal deberá pronunciarse de manera definitiva sobre los casos en los que se investigue una posible actuación en legítima defensa.
Si verifica que se cumplen conjuntamente los requisitos legales —agresión actual, ilegítima y real; necesidad racional del medio empleado, y ausencia de provocación suficiente—, deberá declarar que no corresponde formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y ordenar el archivo de lo actuado.
Esto no significa que cualquier reacción violenta frente a un delincuente quede automáticamente justificada. La aplicación de la legítima defensa sigue sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley.
Jueces deberán justificar por qué descartan la legítima defensa
La norma también establece una garantía para los casos que lleguen al Poder Judicial. Toda resolución que descarte la presunción de racionalidad deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
Esta exigencia también alcanza a los procesos que ya se encuentran en trámite, cuando se desestime la exención de responsabilidad penal por legítima defensa en el extremo referido a la presunción de racionalidad.
De esta manera, el decreto busca evitar que una persona que actuó para repeler una agresión enfrente un proceso penal sin que se evalúen las circunstancias concretas en las que tuvo que defenderse.