En Pucallpa, tras intensas jornadas de diálogo y negociaciones comerciales, se oficializó la Declaración de Pucallpa, el documento de consenso que sella las conclusiones y demandas prioritarias de la Expo Amazónica 2026. El acuerdo unánime de las regiones amazónicas marca una ruta de exigencias directas al gobierno central para transformar de manera radical el desarrollo socioeconómico, formal y sostenible del oriente peruano en las próximas décadas.
Uno de los puntos centrales del manifiesto es la exigencia al Poder Ejecutivo de formular e implementar un Gran Plan Nacional Estratégico para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Peruana con visión al 2060. Este instrumento de largo plazo busca articular infraestructura, industrialización, bioeconomía y cero deforestación con el soporte técnico de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco desarrollo de América Latina y el Caribe.
Asimismo, se exigió un shock de inversión social para saldar la deuda histórica del Estado en agua potable, salud, educación y conectividad digital, combatiendo frontalmente la anemia y desnutrición infantil.
En el ámbito económico y productivo, el documento demanda la restitución de beneficios y la ampliación de la Ley N.° 27037 (Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía), además de la creación del Fondo de Promoción de la Inversión Privada (FOPRIA) y un fideicomiso que canalice el 10% de los presupuestos ministeriales a la región. Asimismo, se impulsa un Fondo Privado Amazónico para otorgar créditos blandos a más de un millón de MIPYMES locales, pequeños productores y comunidades indígenas.
Otro de los anuncios más destacados de la declaratoria es el impulso a la infraestructura multimodal, declarando de prioridad e interés nacional el ambicioso proyecto del «Ferrocarril Pucallpa-Chancay-Callao». Esta megaobra contempla un túnel trasandino de doble vía para pasajeros y carga, acompañado de mineroductos, gasoductos y el mejoramiento de hidrovías y puertos. Paralelamente, se exigió una solución estructural a la crisis energética y de combustibles en la selva, garantizando suministros competitivos y redes eléctricas para la industrialización.
Ante las trabas regulatorias, las organizaciones exigieron poner fin al caos normativo mediante la reestructuración de la Ley Forestal, la simplificación administrativa y la implementación de ventanillas únicas. De igual forma, se enfatizó que no habrá desarrollo sin seguridad territorial, por lo que se demandó el restablecimiento del principio de autoridad, la lucha contra los cultivos ilícitos, la creación de la Escuela de Formación de la PNP en Neshuya y la protección estricta a líderes indígenas y ambientales.
Finalmente, la declaración ratifica una alianza estratégica con los pueblos indígenas como protagonistas de la bioeconomía y exige acelerar su titulación territorial. El documento concluye solicitando formalmente al Ejecutivo y al Congreso de la República que declaren de prioridad nacional el desarrollo inclusivo y competitivo de la Amazonía.