La ausencia del presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano Salazar, abrió la quinta sesión de la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Senado. El funcionario había sido convocado para explicar la situación del sistema penitenciario, pero comunicó por correo que no asistiría.
La decisión generó críticas del presidente de la comisión, Percy Osorio Palpán, quien sostuvo que existen asuntos pendientes por esclarecer, entre ellos problemas de control dentro de los penales y presuntos actos de corrupción.
El INPE, pendiente
Osorio cuestionó que el titular del INPE no acudiera a responder las preguntas de los senadores y anunció que será nuevamente convocado para la próxima semana. El legislador consideró necesario reforzar los mecanismos de control sobre el personal penitenciario y evitar que desde los establecimientos carcelarios puedan continuar coordinándose o monitoreándose actividades ilícitas.
La comisión dejó así abierta la fiscalización sobre el sistema penitenciario. La nueva convocatoria buscará que Lescano explique directamente las medidas adoptadas y las dificultades que enfrenta la institución.
Diez años de reforma
La sesión también permitió conocer el estado de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, cuya implementación avanza con lentitud más de una década después de su aprobación.
La presidenta ejecutiva de SERVIR, Cecilia García Díaz, informó que hasta 2023 apenas 18 entidades públicas habían culminado la implementación del régimen. Entre las razones mencionó la complejidad del proceso y el intento inicial de aplicarlo simultáneamente a más de 2 mil entidades de los tres niveles de gobierno.
El escenario comenzó a cambiar con el Decreto Legislativo 1602, publicado en 2023, que simplificó el procedimiento y concentró la implementación en 145 entidades del Gobierno nacional que todavía estaban pendientes de migrar al nuevo régimen.
144 entidades avanzan
Según García Díaz, 144 de esas 145 entidades ya cuentan con opinión favorable de SERVIR sobre sus cuadros de personal. De ellas, 63 obtuvieron también la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que 40 consiguieron que sus documentos fueran aprobados por el Consejo Directivo de SERVIR.
Con ello, estas últimas entidades se encuentran en condiciones de iniciar la contratación de trabajadores bajo las reglas de la Ley del Servicio Civil. La presidenta de SERVIR agregó que, a junio de 2026, ya había 3277 servidores vinculados a este régimen. La cifra marca un avance respecto de los primeros años de la reforma, aunque su implementación continúa siendo gradual.
Cambios para la gestión pública
SERVIR presentó además cuatro iniciativas legislativas orientadas a modificar aspectos de la gestión estatal. Una de ellas busca facilitar la contratación temporal de personal para responder a emergencias y ejecutar proyectos de inversión con mayor rapidez.
Otra propuesta apunta a ampliar el ingreso de profesionales con experiencia especializada del sector privado a puestos de dirección pública. Para ello, SERVIR plantea modificar la Ley 31419, que establece requisitos para el acceso a cargos de funcionarios y directivos.
El objetivo, según García Díaz, es fortalecer la dirección pública y dotar al Estado de perfiles especializados para áreas que requieren capacidades técnicas específicas.