El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) retiró una antena clandestina instalada en la cima de un cerro ubicado detrás del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. La infraestructura operaba sin autorización dentro del área restringida que rodea al establecimiento penitenciario.
Según el MTC, el equipo tenía capacidad para proporcionar servicio de telefonía y acceso a internet hasta a 30 dispositivos móviles. La Fiscalía también participó en el operativo, mientras las autoridades buscan determinar quién instaló la estructura y quiénes podrían haber utilizado el servicio.
MTC retira antena clandestina cerca del penal Castro Castro
La antena fue detectada en junio de 2026 durante labores de monitoreo del MTC. El sistema se encontraba sobre un mástil de bambú de aproximadamente siete metros, colocado directamente en la cima del cerro, sin una vivienda o inmueble asociado a la infraestructura.
Los especialistas identificaron una antena omnidireccional de 5.8 GHz que operaba en la banda de 5600 a 5620 MHz. También hallaron equipos como un switch Ethernet, un convertidor de medios, una extensión eléctrica y cableado de fibra óptica conectado a una caja de distribución.
El ingeniero Jonathan Malca, vocero del MTC, explicó que este tipo de antenas puede mantener conectados entre 10 y 30 dispositivos, según el ancho de banda disponible. El funcionario añadió que durante 2026 ya fueron retiradas más de 35 antenas clandestinas.
"Este tipo de antena permite un promedio entre 10, 20 o hasta 30 dispositivos conectados. Va a depender mucho del ancho de banda que esté el servicio que está conectado a esta antena", explicó el funcionario a RPP.
Antena estaba dentro de zona restringida
La infraestructura se encontraba dentro del perímetro de 200 metros alrededor del penal Castro Castro. Esta área está considerada zona restringida y de alta seguridad, y la normativa prohíbe la instalación de antenas de telefonía móvil en ese espacio.
El MTC determinó además que la estación no contaba con título habilitante para prestar los servicios de telecomunicaciones detectados. La intervención también permitió desmontar el sistema y retirar sus componentes.
Sanciones por facilitar comunicaciones ilegales en penales
Desde febrero de 2026, el Código Penal incorpora el artículo 280-A, que sanciona el suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
La norma contempla entre seis y ocho años de prisión para quien organice, financie, instale, opere, mantenga o comercialice estos servicios con la finalidad de facilitar comunicaciones ilegales de personas privadas de libertad.
La pena puede aumentar a entre ocho y diez años si interviene un funcionario público, existe abuso de conocimientos técnicos especializados o el responsable forma parte de una banda u organización criminal.