El Perú entra en cuenta regresiva frente a un Fenómeno El Niño que amenaza con poner nuevamente a prueba su infraestructura. En respuesta, el Gobierno decidió acelerar la maquinaria de inversión privada: un nuevo mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) permitirá ejecutar intervenciones de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación en plazos sustancialmente menores a los habituales.
El Decreto de Urgencia N.° 010-2026 establece una ruta exprés que reduce a menos de 30 días hábiles el proceso comprendido entre la priorización de una intervención y la suscripción del Convenio de Inversión. La apuesta es actuar antes de que llegue el daño y utilizar la capacidad financiera y técnica de las empresas privadas para atender los puntos más expuestos.
OxI: menos trámites, más velocidad
La medida llega en un escenario de alerta. La Comisión ENFEN mantiene el Estado de Alerta de El Niño Costero y proyecta una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. A ello se suma la declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente en 893 distritos del país.
El Gobierno busca que esa advertencia climática no se convierta en una carrera de reconstrucción cuando el desastre ya haya ocurrido. La lógica es sencilla: una intervención preventiva puede resultar menos costosa que reparar infraestructura destruida, restablecer servicios interrumpidos o atender a una población afectada.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que el decreto habilita a las entidades públicas a utilizar OxI para intervenciones vinculadas con la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación frente al FEN, además de las IOARR de emergencia en las zonas declaradas en emergencia.
La principal modificación está en los tiempos. La fase de priorización y actos previos, que podía tomar alrededor de 50 días hábiles, se reduce a menos de 10. La etapa de contratación y perfeccionamiento pasa de 45 a 18 días hábiles. La simplificación también alcanza la ejecución, liquidación de convenios y emisión de los certificados CIPRL o CIPGN.
Una vía directa para las zonas críticas
El nuevo procedimiento contempla la contratación directa de empresas privadas y entidades privadas supervisoras, con el objetivo de evitar que los tiempos administrativos terminen corriendo por delante de la emergencia climática.
Otra de las medidas permite incorporar IOARR de emergencia a la lista de priorización sin que previamente hayan sido registradas en el Programa Multianual de Inversiones. Las entidades públicas, además, podrán asumir directamente la supervisión de las intervenciones, aunque mantendrán la responsabilidad sobre su calidad.
La velocidad, sin embargo, no elimina los controles. Los procedimientos deberán ser publicados en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, así como en las sedes digitales de las entidades involucradas, ProInversión y la Contraloría General de la República. Esta última conserva sus competencias de control simultáneo y posterior.
La prueba será el territorio
Las disposiciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo declarado es ofrecer a las regiones más vulnerables una ruta rápida, transparente y verificable para ejecutar obras antes de que los eventos climáticos extremos golpeen con mayor intensidad.
La verdadera prueba, sin embargo, no estará en la velocidad con la que se aprueben los expedientes, sino en cuántas intervenciones llegarán a estar terminadas antes de que las lluvias, desbordes o inundaciones obliguen nuevamente a actuar de emergencia.
Con el reloj climático avanzando, el Gobierno apuesta por Obras por Impuestos como una herramienta para cerrar brechas y responder a la emergencia. Esta vez, la consigna es intentar llegar antes que el agua.