El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este lunes 10 de agosto a Nueva York, Connecticut y Vermont para impugnar normas estatales que permiten a determinados inmigrantes indocumentados acceder a matrículas universitarias con precio de residente y, en algunos casos, ayudas económicas para sus estudios.
El Gobierno de Donald Trump sostiene que estas disposiciones discriminan de forma inconstitucional a ciudadanos estadounidenses y generan incentivos para la inmigración irregular.
Las demandas forman parte de una ofensiva nacional contra este tipo de beneficios: según el DOJ, con las nuevas acciones ya son 17 los procesos judiciales iniciados contra medidas similares.
Administración Trump demandó a tres estados santuario
Las tres demandas contra estos estados considerados santuario fueron presentadas por el Departamento de Justicia contra las normas vigentes en Nueva York, Connecticut y Vermont. La administración federal solicita que se impida su aplicación al considerar que conceden beneficios educativos a personas que no cuentan con estatus migratorio legal.
El argumento central del Gobierno federal se relaciona con la legislación estadounidense que limita la posibilidad de otorgar beneficios de educación superior a inmigrantes que no se encuentran legalmente en el país cuando esos beneficios dependen de la residencia estatal.
En una demanda previa contra Nueva Jersey, el DOJ invocó la sección 1623(a) de la ley federal de inmigración como fundamento de su posición.
La ofensiva se suma a otros procesos impulsados por el Departamento de Justicia durante la administración Trump. El organismo ya consiguió bloquear medidas similares en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois, de acuerdo con la información difundida sobre las nuevas demandas.
¿Cómo afectará a los inmigrantes en EE. UU.?
En Nueva York, las normas cuestionadas permiten que estudiantes indocumentados y otros alumnos accedan a becas y subvenciones estatales destinadas a cubrir gastos de educación universitaria. Los beneficios también alcanzan a determinadas personas con visa U, visa T o Estatus de Protección Temporal (TPS), por lo que las demandas no se limitan exclusivamente a quienes carecen de cualquier protección migratoria.
Para acceder a estas ayudas en Nueva York existen requisitos adicionales. Entre ellos figura haber culminado la escuela secundaria dentro del estado y haberse inscrito en un programa universitario dentro de los cinco años posteriores a la graduación. La legislación estatal también contempla desde hace años mecanismos de apoyo financiero para estudiantes inmigrantes que cumplen determinadas condiciones.
En Vermont, la norma permite a estudiantes indocumentados o no ciudadanos residentes del estado acceder a la tarifa de matrícula correspondiente a residentes y extiende la ayuda financiera estatal basada en necesidad económica a los alumnos, sin considerar su estatus migratorio.
Connecticut, por su parte, mantiene desde 2011 una disposición que permite a determinados estudiantes indocumentados residentes pagar la matrícula como residentes, siempre que cumplan requisitos como haber terminado la secundaria en el estado.
Demandas del DOJ forman parte de una ofensiva nacional
El Departamento de Justicia sostiene que las normas estatales cuestionadas colocan a los ciudadanos estadounidenses en una situación desigual frente a determinados inmigrantes al momento de acceder a tarifas universitarias reducidas y ayudas económicas. El Gobierno federal busca que los tribunales determinen que estas disposiciones no pueden mantenerse bajo la legislación nacional.
La estrategia también se apoya en órdenes ejecutivas emitidas por Trump en 2025. En una demanda federal contra Nueva Jersey, el DOJ citó una orden que busca impedir el uso de beneficios financiados por los contribuyentes para personas consideradas no elegibles y otra que ordenó adoptar medidas contra políticas estatales que otorguen determinadas ventajas educativas a inmigrantes frente a ciudadanos estadounidenses.
El alcance de los nuevos procesos dependerá de las decisiones de los tribunales. La disputa enfrenta la normativa federal sobre beneficios educativos para inmigrantes con leyes aprobadas por los estados demandados. Mientras avanzan las acciones judiciales, Nueva York, Connecticut y Vermont mantienen las disposiciones cuestionadas, salvo que una orden judicial determine su suspensión o modificación.