Juan De la Puente
La República Obscena (PADUS, 2026) es la culminación de varios años de reflexión del abogado, politólogo y periodista Juan De la Puente sobre la deriva política peruana. Su tesis es provocadora: tras la caída de Pedro Castillo, el país dejó de ser gobernado por un Ejecutivo y pasó a ser administrado por un parlamentarismo de facto que sustituyó la política por la captura de instituciones, el reparto del poder y una legislación funcional a intereses particulares, cuando no criminales.
La elección de Keiko Fujimori, sostiene, no cierra necesariamente ese ciclo. Puede prolongarlo o abrir una transición distinta. Todo dependerá de la capacidad del nuevo gobierno –sobre la que es escéptico- para construir acuerdos políticos genuinos y abandonar un modelo de pactos concebidos para bloquear cambios antes que para producirlos.
En conversación con CARETAS, De la Puente analiza los escenarios abiertos tras la segunda vuelta, el agotamiento del modelo económico nacido en 1992, la expansión de las economías ilegales, el papel de la tecnocracia y el desafío de reconstruir la democracia.
El libro concluye prácticamente con la primera vuelta. Viéndolo hoy, el escenario que finalmente se produjo parece corresponder precisamente a uno de los desenlaces que calificabas como indeseables. ¿Qué lectura haces del triunfo de Keiko Fujimori a la luz de La República Obscena?
El resultado de la segunda vuelta mantiene abierta la posibilidad de prolongar la República Obscena, pero también abre la posibilidad de un curso distinto. Ese nuevo curso podría tener tres desenlaces.
El primero, menos probable pero no imposible, sería un giro hacia el centro del nuevo gobierno. El segundo consistiría en la captura del Ejecutivo por sectores empresariales, lo que llamo un gobierno tecnofujimorista. Y el tercero, que considero el escenario más probable, sería un fujimorismo ampliado, acompañado por nuevos socios y nuevas personalidades.
Desde esa perspectiva, sí creo que las previsiones planteadas en el libro terminan confirmándose.
Si el resultado hubiese sido distinto y Roberto Sánchez hubiera llegado a la Presidencia, ¿habría existido una oportunidad más clara para salir de esa República Obscena?
Creo que sí habría existido una mayor posibilidad de plantear un diálogo nacional orientado a construir un nuevo contrato político para fortalecer y recuperar la democracia. Esa posibilidad no desaparece con el triunfo de Fujimori, pero ciertamente era más probable en un escenario distinto.
Ese diálogo debería comenzar por revisar las instituciones que fueron capturadas durante el pacto parlamentario del Congreso que termina su mandato. También tendría que revisar la legislación procrimen y la legislación antiderechos aprobadas durante ese período. Pero, sobre todo, tendría que abordar una discusión que el Perú viene postergando hace demasiado tiempo: cuál será el modelo de desarrollo para las próximas décadas.
Tengo la impresión de que el régimen económico nacido en 1992 ha terminado su ciclo. Ya no puede simplemente restaurarse, pero tampoco ha sido reemplazado por una propuesta consistente desde la heterodoxia. Volver al neoliberalismo de los noventa ya no es posible; pero tampoco existe todavía un modelo alternativo suficientemente desarrollado. Por eso creo que el debate sigue pendiente.
En el libro reiteras que el neoliberalismo peruano ha agotado su recorrido. ¿Qué debería reemplazarlo?
Creo que el nuevo modelo tendría que diferenciarse no solamente del neoliberalismo, sino también del mercantilismo y del estatismo.
Parte del programa económico sí cumplió sus objetivos. Entre el 2001 y el 2020, favorecido también por el superciclo de las materias primas, el Perú consiguió avances muy importantes. La pobreza pasó de aproximadamente 56% al término del gobierno de Alberto Fujimori a cerca del 20% antes de la pandemia. Es verdad que hablamos de pobreza monetaria, pero sigue siendo un dato extraordinariamente significativo.
El problema es que ese modelo agotó su capacidad para seguir reduciendo desigualdades.
La siguiente etapa exige una reforma tributaria que permita recaudar más, políticas sociales orientadas a la pobreza urbana —porque durante mucho tiempo estuvieron concentradas en el ámbito rural— y un conjunto de políticas de igualación de derechos.
Pienso en igualdad salarial entre hombres y mujeres, mejor acceso a la educación, lucha contra la violencia contra la mujer y, además, una política moderna de cuidados. El último censo mostró que alrededor de un millón de adultos mayores viven solos. Ese tipo de fenómenos ya forman parte de la agenda social del Perú y requieren respuestas distintas.
No se trata simplemente de crear nuevos programas sociales, sino de construir políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades que hoy condicionan el desarrollo del país.
En el libro aparece también una idea muy sugerente: la agonía de la tecnocracia. Sin embargo, ahora planteas como uno de los riesgos un eventual tecnofujimorismo. ¿Cómo dialogan ambos conceptos?
Son dos fenómenos diferentes.
Durante muchos años, Alberto Vergara decía que el Perú no estaba gobernado sino administrado. Creo que esa descripción sigue siendo bastante válida.
Uno de los argumentos del libro es que en nuestro presente hay demasiado pasado; existe una continuidad crítica que tiene mucho que ver con la forma como hemos administrado el cambio. Cada vez que la política decide vetar cualquier transformación antes siquiera de discutirla, termina acumulando tensiones que más adelante estallan en forma de crisis.
Desde los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y, sobre todo, de Martín Vizcarra, se fue instalando la idea de que ya no era necesario discutir programas. Bastaba con administrar políticas heredadas. Ese fue el gran momento de la tecnocracia, pero creo que ese ciclo también ha llegado a su límite.
La tecnocracia necesita reformarse para volver a servir al cambio y no solamente a la administración de las crisis.
Otra cosa muy distinta sería un tecnofujimorismo: un gobierno donde determinados sectores económicos pretendan ejercer directamente el poder desde el Estado. Ese escenario podría terminar debilitando rápidamente al propio gobierno.
Mencionabas hace un momento la necesidad de un nuevo contrato político. Sin embargo, una de las ideas centrales de La República Obscena es que el Perú reciente ha vivido precisamente bajo una lógica de pactos. ¿Qué diferencia hay entre ese pactismo y el acuerdo que propones ahora?
Es una diferencia fundamental. Cuando uno revisa la historia comparada, después de la Segunda Guerra Mundial o luego de las transiciones democráticas en América Latina, los grandes pactos políticos se construyen para producir cambios, para consolidar democracias o impulsar reformas.
En el Perú ocurrió algo distinto. Incluso reconociendo los aportes del Acuerdo Nacional, terminamos instalando una cultura política donde los pactos servían para impedir los cambios. Pactemos para que nada cambie. Pactemos para administrar el equilibrio. Pactemos para vetar cualquier transformación.
Ese modelo llegó a su límite durante el gobierno de Dina Boluarte. Allí aparecen nuevos actores, que yo llamo "territorios", que comienzan a presionar por cambios reales porque representan fracturas históricas que ya no pueden seguir administrándose desde Lima.
Por eso sostengo que el próximo gran acuerdo político debe producirse entre esos territorios, entre los poderes establecidos y las regiones que durante décadas han acumulado demandas. Ya no es posible gobernar el Perú desde Lima, a nombre de Lima y con un temperamento exclusivamente limeño.
Sin embargo, muchos esperaban que esas tensiones territoriales se expresaran inmediatamente después de la elección y eso no ocurrió. ¿Cómo interpretas esa relativa calma?
Creo que existe una etapa de expectativa. Las fuerzas sociales tampoco estaban preparadas para enfrentar este nuevo escenario.
Veo tres comportamientos distintos. Hay un sector que prefiere observar y conceder una especie de luna de miel. Otro mantiene una actitud de profunda desconfianza y espera señales antes de actuar. Y un tercero considera que las demandas deben plantearse desde el primer día.
Eso explica una cierta desmovilización, sobre todo en Lima. Pero sería un error concluir que el conflicto social ha desaparecido. Fuera de la capital continúa existiendo una sociedad insumisa, con demandas acumuladas, y esa realidad tarde o temprano volverá a manifestarse.
En ese escenario aparece otro fenómeno al que dedicas una parte importante del libro: el crecimiento de las economías ilegales. ¿Hasta qué punto ese proceso ya condiciona la gobernabilidad?
Muchísimo más de lo que solemos admitir.
Hace algunos años Francisco Durand hablaba de tres economías en el Perú: la formal, la informal y la ilegal. Hoy esa descripción resulta todavía más pertinente.
Lo preocupante es que las economías ilegales ya no solamente operan al margen del Estado. Han comenzado a penetrarlo. Cuando digo que penetran "arriba" hablo de autoridades políticas, gobiernos regionales, alcaldes, mandos policiales y otros funcionarios que mantienen vínculos con esas actividades. Y cuando penetran "abajo" hablamos de territorios completos cuya vida económica depende del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de tierras o la trata de personas.
Eso genera un fenómeno extremadamente peligroso: la gobernanza criminal.
En determinadas zonas, la estabilidad deja de ser producida por el Estado y pasa a ser garantizada por organizaciones ilegales. No es una idea teórica. Lo vimos hace años en Huánuco con el narcotráfico y hoy empezamos a observar procesos similares en corredores como el de La Libertad, donde convergen minería ilegal, tráfico de terrenos y extorsión. Son dinámicas que recuerdan cada vez más a experiencias de México o Colombia.
El libro también revisa el gobierno de Pedro Castillo. Una lectura posible de la elección es que una parte importante del país votó pensando, sobre todo, en evitar que esa experiencia se repitiera.
Es una interpretación razonable, pero revela un problema más profundo.
En tres elecciones consecutivas —2016, 2021 y 2026— los presidentes han sido elegidos por márgenes mínimos. Es un fenómeno prácticamente inédito en América Latina. Tenemos gobiernos construidos sobre mayorías extremadamente precarias.
Eso ocurre porque la política peruana ha perdido densidad programática. Ya no existen proyectos capaces de convocar grandes consensos. Ganan por 51 contra 49 cuando deberían aspirar a construir mayorías mucho más amplias.
En cuanto a Castillo, siempre he sostenido dos ideas al mismo tiempo. Fue hostigado desde el primer día de su gobierno, y ese es un hecho objetivo. Pero también creo que su administración fue un populismo vacío.
No consiguió desarrollar un programa coherente de transformaciones y, por eso mismo, no puede compararse con otras experiencias progresistas de América Latina, como las de Gabriel Boric o Gustavo Petro.
Lo preocupante es que ese empobrecimiento programático no afecta solamente a la izquierda. También alcanza a la derecha. Ambos espacios se han radicalizado sin enriquecer sus propuestas. El discurso radical puede ser eficaz para ganar una elección; no necesariamente sirve para gobernar.
El parlamentarismo de facto es probablemente el personaje principal de La República Obscena. Ese Congreso está por terminar. ¿Crees que el nuevo Parlamento marcará una ruptura?
Creo que sí habrá diferencias importantes.
La principal es la aparición de un nuevo espacio de centro que no existía en el Congreso anterior. Eso hace mucho más difícil reconstruir el viejo pacto parlamentario que capturó instituciones y debilitó sistemáticamente al Ejecutivo.
Eso no significa que desaparezcan los pactos, pero sí que cambiará su naturaleza.
Veo tres escenarios. El primero sería la reconstrucción, en unos meses, de un nuevo pacto parlamentario favorable al Ejecutivo. El segundo consistiría en un fortalecimiento del gobierno frente al Congreso mediante legislación de emergencia o mecanismos excepcionales, lo que inevitablemente tensionaría también la relación con la sociedad. El tercero sería un diálogo difícil, incluso áspero, entre Ejecutivo y Parlamento, pero orientado a recuperar instituciones y reconstruir la democracia.
Ese último sería, naturalmente, el mejor escenario para el país.
Sin embargo, da la impresión de que existen fuertes presiones para impedir cualquier desplazamiento del nuevo gobierno hacia el centro.
Sí, y me parece un fenómeno muy interesante.
Durante los últimos días he visto a sectores del establishment económico y político decirle abiertamente al nuevo gobierno que no debe ampliar su base política y que, si se mueve, lo haga todavía más hacia la derecha.
Eso revela otra posibilidad: que determinados grupos económicos aspiren a ejercer directamente el poder desde algunos ministerios. Ese sería justamente el escenario del tecnofujimorismo del que hablo en el libro.
Paradójicamente, creo que tampoco debe darse por descontada una alianza automática entre Fuerza Popular y Renovación Popular. Renovación ha demostrado ser una fuerza bastante díscola, incluso enfrentada en ocasiones con grupos económicos, bancos y medios de comunicación. No descartaría que, en determinadas circunstancias, al fujimorismo le resulte más sencillo construir acuerdos con sectores de centro que con parte de su propia derecha.
Igual reivindicas tu optimismo. Después de un diagnóstico tan severo, ¿de dónde proviene esa esperanza?
Proviene de una convicción muy simple: el objetivo de la política sigue siendo construir un país para todos.
Pero un país para todos no puede edificarse sobre la imposición permanente de un 51% sobre un 49%. Por esa razón tampoco creo que hoy una Asamblea Constituyente sea el camino adecuado. No porque considere intocable la Constitución vigente, sino porque una nueva Constitución solamente puede surgir de un gran acuerdo nacional. Debe ser un acto de paz y no un ajuste de cuentas.
Con frecuencia decimos que el Perú es un país polarizado. Yo creo que el problema principal es otro: somos un país profundamente fragmentado. Hay distintas maneras de ser peruano, distintas experiencias territoriales y distintas deudas históricas.
Esa fragmentación no se resolverá con más polarización. Solo puede resolverse mediante diálogo y acuerdos.
Pero acuerdos para avanzar, no para abrazarnos y evitar la pelea. El Perú necesita, por primera vez en mucho tiempo, un pacto para cambiar.