La Comisión Permanente archiva denuncias constitucionales contra diversos altos funcionarios del Estado luego de aprobar los informes finales elaborados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que concluyeron que no existían los presupuestos legales necesarios para continuar con los respectivos procedimientos parlamentarios.
Durante la sesión, el grupo parlamentario dio luz verde al archivamiento de denuncias presentadas contra congresistas, exautoridades del Poder Ejecutivo y un expresidente de la República, al considerar que no se acreditaron responsabilidades constitucionales o penales en los casos evaluados.
Comisión Permanente archiva denuncias constitucionales contra Magaly Ruiz
Con 13 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, la Comisión Permanente aprobó el informe final correspondiente a las Denuncias Constitucionales 482 y 506, presentadas por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez.
La investigación estaba relacionada con presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Sin embargo, el informe concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar responsabilidad por los hechos denunciados, motivo por el cual recomendó el archivamiento de ambos expedientes.
También se archivó denuncia contra Luis Alberto Otárola
La Comisión Permanente aprobó igualmente el informe final de la Denuncia Constitucional 520, interpuesta por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana contra el expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda.
La denuncia lo vinculaba, en calidad de presunto instigador, con los delitos de colusión simple y colusión agravada.
Tras evaluar el caso, la Subcomisión concluyó que no se acreditó una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal en sede parlamentaria, por lo que recomendó el archivamiento definitivo del procedimiento.
Denuncias contra Jorge Flores Ancachi también fueron archivadas
Con 16 votos a favor y cinco abstenciones, la Comisión Permanente aprobó el informe final correspondiente a las Denuncias Constitucionales 393, 394, 408 y 489, presentadas por los congresistas Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra, María del Carmen Alva y el exfiscal Juan Carlos Villena contra el parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi.
Las denuncias atribuían presuntos delitos de concusión, cohecho pasivo propio e impropio, omisión de denuncia, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e infracción de deberes constitucionales.
No obstante, el informe concluyó que no existían pruebas materiales suficientes que sustentaran las imputaciones, razón por la cual recomendó archivar las denuncias acumuladas.
Caso contra Pedro Castillo y exministros también fue archivado
Otro de los informes aprobados corresponde a la Denuncia Constitucional 206, presentada por la Asociación Civil por la Integridad y asumida posteriormente por el congresista Héctor Ventura Ángel.
La denuncia estaba dirigida contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones, los expresidentes del Consejo de Ministros Guido Bellido Ugarte y Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, así como el exministro de Economía y Finanzas Pedro Francke Ballvé.
La acusación sostenía una presunta infracción a la Constitución por la emisión de los Decretos de Urgencia 086-2021, 100-2021 y 105-2021.
Sin embargo, el informe concluyó que dichas normas fueron emitidas dentro de las facultades excepcionales otorgadas al Poder Ejecutivo para enfrentar los efectos económicos y sociales derivados de la emergencia sanitaria, sin evidenciar vulneración de los artículos 77, 80 y 118 de la Constitución.
Denuncia contra Lucinda Vásquez fue archivada por fallecimiento
Finalmente, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad, con 26 votos a favor, el informe correspondiente a la Denuncia Constitucional 554, formulada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela contra la congresista Lucinda Vásquez Vela.
La investigación estaba vinculada al presunto delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado.
No obstante, la Subcomisión recomendó el archivamiento debido al fallecimiento de la parlamentaria durante el desarrollo del procedimiento, circunstancia que, conforme a la legislación vigente, imposibilita la continuidad del proceso parlamentario.