La crisis en la Universidad Nacional de Ucayali volvió a centrar el debate en el Congreso. Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, legisladores y autoridades advirtieron la existencia de vacíos normativos y problemas en el funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), situación que, según señalaron, dificulta la atención de conflictos institucionales que afectan a miles de estudiantes.
El grupo de trabajo, presidido por Elvis Vergara Mendoza, evaluó las denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción, uso indebido de recursos públicos y cuestionamientos a la gestión del rector de la universidad ucayalina, además del prolongado conflicto que mantiene paralizadas las actividades académicas.
Crisis en la Universidad Nacional de Ucayali revela vacíos legales
Durante la sesión, Elvis Vergara sostuvo que el caso evidencia la necesidad de revisar el marco legal que regula el funcionamiento de la Sunedu y la autonomía universitaria.
Según indicó, existen vacíos normativos que permiten que algunas instituciones autónomas actúen sin mecanismos eficaces de control cuando se presentan conflictos que terminan afectando a la comunidad universitaria.
“Hay vacíos legales que permiten que organismos autónomos, haciendo abuso de esta autonomía, contrapongan los intereses de la población estudiantil a intereses particulares”, afirmó el congresista.
Asimismo, exhortó a los diputados electos por Ucayali a impulsar una pronta solución al conflicto que atraviesa la universidad.
Comisión anuncia denuncia contra integrantes del Consejo Directivo de Sunedu
Como resultado de la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización anunció que el grupo parlamentario presentará una denuncia contra los siete integrantes del Consejo Directivo de Sunedu.
El objetivo, explicó, es que cada uno responda de manera individual por la actuación del organismo frente a la crisis institucional que enfrenta la Universidad Nacional de Ucayali.
La medida busca establecer responsabilidades respecto de las acciones adoptadas por la entidad supervisora ante las denuncias formuladas por diversos sectores de la comunidad universitaria.
Ministro de Educación cuestiona falta de respuestas
Durante la sesión también participó el ministro de Educación, Jorge Marticorena Mendoza, quien expresó su preocupación por la falta de soluciones al conflicto.
El titular del sector señaló que, debido a la autonomía universitaria y al régimen vigente para las universidades licenciadas, el Ministerio de Educación no tiene competencia directa para intervenir en la administración de la universidad.
Sin embargo, lamentó la ausencia de respuestas por parte de las autoridades de Sunedu y manifestó su expectativa de que la entidad adopte decisiones para atender la situación.
Estudiantes permanecen más de un mes sin clases
El diputado electo por Ucayali, Oswar Cahuaza Mitivire, informó que la Universidad Nacional de Ucayali acumula 45 días sin actividades académicas en sus distintas facultades.
A su juicio, el conflicto viene afectando directamente el derecho a la educación de miles de estudiantes, por lo que pidió mayor decisión política para resolver la situación.
En la misma línea, la diputada electa Jessica Navas Sánchez recordó que la legislación vigente no otorga a la Sunedu la facultad de destituir a un rector universitario, ya que esa competencia corresponde a la Asamblea Universitaria conforme a las causales previstas en la ley.
La parlamentaria expresó su expectativa de que el conflicto pueda resolverse en el menor tiempo posible para evitar mayores perjuicios académicos.
Sunedu reconoce dificultades internas
Durante la sesión, Carlos Antonio Reyes Pareja, integrante del Consejo Directivo de Sunedu, señaló que el propio Consejo enfrenta dificultades para reunirse debido a un problema interno entre el Ministerio de Educación y la Superintendencia.
No obstante, aseguró que la situación de la Universidad Nacional de Ucayali constituye una preocupación para la entidad y afirmó que ya se han adoptado algunas medidas, entre ellas la conformación de una comisión encargada de atender el conflicto social y establecer mecanismos de diálogo con los actores involucrados.
La Comisión de Fiscalización desarrolló esta vigésima novena sesión extraordinaria con el propósito de evaluar la crisis institucional y las denuncias formuladas contra la gestión de la universidad ucayalina, un caso que continúa generando preocupación por su impacto en la comunidad estudiantil y en el sistema de educación superior pública.