Fiscalía incauta barras de oro valorizadas en más de S/ 2,1 millones en caso ligado a minería ilegal

La Fiscalía de Extinción de Dominio logró la incautación de tres lingotes de oro y residuos del mineral tras detectar que una empresa investigada no pudo acreditar el origen legal ni la trazabilidad del metal.

por Edgar Mandujano
Barras de Oro

La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Especializada de Extinción de Dominio de Lima obtuvo la incautación de tres barras de oro y una bolsa con virutas del mismo metal, valorizadas en S/ 2 158 831,57, en el marco de una investigación patrimonial contra una empresa vinculada presuntamente a actividades de minería ilegal.

La medida fue confirmada por el Poder Judicial luego de que el Ministerio Público acreditara que la compañía investigada no pudo demostrar el origen lícito del mineral ni presentar la documentación técnica necesaria para sustentar su procedencia.

Con esta decisión, la Fiscalía fortalece las acciones orientadas a recuperar las barras de oro de presunto origen ilícito y evitar que activos vinculados a economías ilegales permanezcan fuera del control del Estado.

Lingotes y virutas superan los 10 kilogramos

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el material incautado está conformado por tres barras de oro y una bolsa con residuos o virutas del mismo metal, que en conjunto alcanzan un peso de 10,075 kilogramos.

El valor comercial del oro asciende a S/ 2 158 831,57, convirtiéndose en uno de los activos patrimoniales incorporados a una investigación por presuntas actividades relacionadas con la minería ilegal, uno de los delitos que mayor impacto económico y ambiental genera en el país.

La incautación fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio como parte de un proceso independiente de la investigación penal, orientado a determinar si los bienes tienen un origen ilícito y, de ser el caso, transferirlos definitivamente al Estado.

Fiscalía cuestionó la trazabilidad del mineral

Durante la sustentación del caso, el equipo fiscal señaló que la empresa investigada no logró acreditar la trazabilidad del oro, es decir, el recorrido documentado que permite identificar el origen del mineral desde su extracción hasta su comercialización.

Según la investigación, la persona jurídica tampoco presentó los balances metalúrgicos ni la documentación técnica requerida para verificar que la producción de oro correspondiera efectivamente a las concesiones mineras declaradas previamente.

Estos elementos fueron considerados por el juzgado como argumentos suficientes para confirmar la medida de incautación solicitada por el Ministerio Público, al advertir la ausencia de información que permitiera establecer el origen legal del metal precioso.

Extinción de dominio contra activos de origen ilícito

La extinción de dominio es un mecanismo jurídico mediante el cual el Estado puede recuperar bienes cuya procedencia lícita no ha sido acreditada o que estarían vinculados a actividades delictivas, sin que ello dependa necesariamente de una sentencia penal firme.

En el caso del oro incautado, la investigación busca determinar si el patrimonio proviene de actividades ilícitas relacionadas con la minería ilegal, delito que en los últimos años ha incrementado su presencia en diversas regiones del país y que suele estar asociado a organizaciones criminales dedicadas también al lavado de activos, la contaminación ambiental y otros ilícitos.

Las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio desarrollan investigaciones patrimoniales con el propósito de identificar, inmovilizar e incorporar al patrimonio del Estado bienes cuyo origen no pueda ser justificado conforme a la legislación vigente.

Minería ilegal continúa bajo la mira de las autoridades

La minería ilegal representa uno de los principales desafíos para las autoridades debido a su impacto sobre el medio ambiente, la economía formal y la seguridad pública. Además de generar graves daños en ecosistemas, esta actividad suele utilizar mecanismos para introducir mineral de procedencia irregular en los circuitos legales de comercialización.

Por ello, la acreditación de la trazabilidad del oro se ha convertido en uno de los principales requisitos para demostrar el origen legal del mineral y evitar su vinculación con actividades ilícitas.

En los últimos años, el Ministerio Público ha reforzado las investigaciones patrimoniales dirigidas contra empresas y organizaciones presuntamente involucradas en este tipo de delitos, utilizando la figura de la extinción de dominio para recuperar activos que podrían haber sido obtenidos de manera irregular.

Recuperación de activos para el Estado

El Ministerio Público señaló que las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio continuarán impulsando investigaciones destinadas a identificar y recuperar bienes de presunto origen ilícito en favor del Estado.

Estas acciones incluyen la incautación, retención y eventual transferencia de activos cuando las investigaciones determinen que fueron obtenidos mediante actividades ilegales o cuando sus propietarios no logren demostrar su procedencia conforme a la ley.

La reciente incautación de los lingotes de oro valorizados en más de S/ 2,1 millones forma parte de esa estrategia para debilitar el poder económico de organizaciones vinculadas a la minería ilegal y reforzar el control estatal sobre recursos cuya legalidad se encuentra bajo investigación.

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