El Perú es un país de todas las sangres es algo más que una buena frase: es un desafío. El problema es que desde que somos República no lo hemos hecho realidad. La fractura que divide a los peruanos sigue vigente: limeños y provincianos; blancos y cholos; ricos y pobres.
Hay dos concepciones para enfrentar el desafío: quienes consideran que es necesario terminar con las diferencias y que todos seamos ciudadanos con iguales derechos, es una de ellas. La otra es la que considera que cerrar las brechas no es lo prioritario: las cosas son como son y deben seguir tal cual. Para simplificar, la primera visión sería la de la izquierda; la segunda la de la derecha. La propuesta de izquierda, sin embargo, tiene dos vertientes: una es que el cambio debe hacerse de inmediato, incluyendo el uso de la violencia; la otra es la del cambio razonable, haciendo del uso de la política lo que es: el arte de lo posible.
Lo que viene sucediendo en estas semanas en el país ha exhibido en toda su magnitud la vigencia del fenómeno. Veamos: Pedro Castillo fue la encarnación de la esperanza de los peruanos históricamente ignorados, quienes confiaron que atendería sus demandas. Pero resultó una ilusión, frustrante, además: Castillo fue un gobernante inepto (y corrupto), que terminó él mismo con su régimen, violentando el sistema democrático. En aplicación de lo establecido, se produce entonces la sucesión constitucional: Dina Boluarte asume la presidencia de la República. Aquí se producen una serie de desencuentros, entre improvisados y deliberados, que originan lo que ahora se conoce como el estallido social peruano. Se instala la idea de que Dina Boluarte asume el poder para gobernar con el mismo Congreso hasta el año 2026. En síntesis: nos quedamos todos; nadie se va. La reacción popular es inmediata y la represión del Gobierno descontrolada y violenta. Se logra lo que algunos querían con vehemencia: buen número de muertos en pocos días, o sea, combustible para incendiar la pradera. El discurso de la presidenta Boluarte cambia sustancialmente: su gobierno es de transición y lo que quiere es convocar a elecciones adelantadas.
No obstante, el estallido social ha asumido varias consignas sobre la base del número de fallecidos: que Dina Boluarte renuncie, que se cierre el Congreso y que las elecciones se celebren de inmediato. Ninguna de tales medidas es razonable ni legalmente viable. Al igual que aquella que pedía reponer a Pedro Castillo en la presidencia y que se abandonó por disparatada. Se ha asumido el discurso de la extrema izquierda, aquella que cree que se puede cambiar todo a cualquier costo, incluyendo propuestas insensatas e irrealizables.
Nuevamente, el Perú es un país de todos, pero hacerlo posible no pasa por la irresponsabilidad de lanzar arengas vacuas como las que suponen relevar presidentes de la República con frecuencia enfermiza.
Está claro que Dina Boluarte no se quedará hasta el 2026 y que preside un gobierno de transición hasta que se realicen las nuevas elecciones.
*Abogado y fundador del original Foro Democrático