La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó por mayoría el informe final de la Denuncia Constitucional 498 contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Energía y Minas Eduardo González Toro, en el marco del caso vinculado a la designación en Perupetro S.A.
El informe de la SAC, sustentado por la congresista Patricia Chirinos, fue aprobado con 9 votos a favor y 4 en contra, y recomienda acusar a ambos exfuncionarios por los presuntos delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal, previstos en los artículos 399 y 381 del Código Penal.
Caso Perupetro: cuestionan designación de Daniel Salaverry
El eje del caso está relacionado con la designación de Daniel Salaverry Villa como presidente del directorio de Perupetro. Según la investigación parlamentaria, el nombramiento no habría cumplido con el procedimiento administrativo ni con los requisitos legales exigidos.
La sustentación señala que la resolución suprema fue firmada el 9 de enero, mientras que el informe jurídico que debía sustentarla fue solicitado después de la emisión del nombramiento, lo que, según el informe, evidenciaría irregularidades en el proceso.
Asimismo, se indicó que la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas no habría verificado previamente el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para el cargo.
Requisitos técnicos y observaciones de la Contraloría
El informe de la SAC precisó que no bastaba contar con título profesional, sino acreditar experiencia y trayectoria en el sector hidrocarburos para asumir la presidencia de Perupetro.
Además, se mencionó que la Contraloría General habría concluido que la documentación presentada no acreditaba la idoneidad necesaria del funcionario designado, lo que reforzó las observaciones sobre el proceso.
Responsabilidad política y administrativa en la designación
Respecto al expresidente, el informe sostiene que Pedro Castillo firmó la resolución suprema que formalizó la designación cuestionada. También se hizo referencia a una reunión previa entre Castillo y Salaverry, registrada el mismo día del nombramiento.
En el caso del exministro Eduardo González Toro, se indicó que participó en el procedimiento administrativo al suscribir la resolución en su calidad de titular del Ministerio de Energía y Minas.
Otras denuncias constitucionales evaluadas en el Congreso
Durante la misma sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también evaluó diversas denuncias constitucionales contra exautoridades y funcionarios en funciones, muchas de las cuales fueron archivadas o declaradas improcedentes.
Entre ellas, se aprobó el archivamiento de las denuncias acumuladas contra el exjefe del Gabinete Luis Alberto Otárola, al no encontrarse elementos probatorios suficientes que acrediten delitos como colusión, peculado o tráfico de influencias.
Asimismo, se declaró improcedente la denuncia contra el congresista Nivardo Tello Montes, al no haberse individualizado una conducta concreta que sustente la acusación por concusión.
Decisiones sobre jueces, ministros y fiscal de la Nación
En otro bloque, la Subcomisión declaró improcedente la denuncia contra jueces supremos vinculados a un acuerdo plenario sobre la prescripción de la acción penal, al no encontrar infracción constitucional.
Del mismo modo, se rechazó una denuncia contra el presidente de la República y ministros por el caso de la concesión del terminal portuario de Matarani, al determinar que no existió nueva adjudicación ni concertación indebida.
También se desestimaron denuncias contra el fiscal de la Nación por la desactivación de equipos especiales de fiscales, al no acreditarse infracción constitucional ni delito de función.
Evaluación de denuncias constitucionales y cierre de agenda
Finalmente, la Subcomisión continuó con la evaluación de denuncias constitucionales adicionales, reiterando en varios casos la improcedencia por falta de elementos probatorios suficientes.