La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho logró que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra un hombre investigado por el presunto delito de extorsión agravada en agravio del propietario de una cevichería ubicada en ese distrito de Lima.
Según el Ministerio Público, el investigado no solo mantenía un vínculo familiar con la víctima, sino que además habría fingido actuar como intermediario para solucionar las amenazas, mientras presuntamente participaba en las exigencias de dinero.
La medida fue concedida al declararse fundado el requerimiento presentado por la Fiscalía, que acreditó la existencia de graves y fundados elementos de convicción durante la etapa inicial de la investigación.
Fiscalía investiga presunta extorsión contra empresario
La investigación está a cargo de la fiscal provincial Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho – Zona Media.
De acuerdo con la tesis fiscal, el caso comenzó el 30 de mayo de 2026, cuando el dueño de una cevichería encontró una nota con amenazas y varios casquillos de bala frente a su establecimiento.
Poco después, el ahora investigado, identificado como John Estrella, habría contactado a la víctima ofreciéndose como supuesto intermediario para resolver el problema.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, en realidad, habría coordinado las amenazas y exigido dinero bajo intimidaciones dirigidas contra el empresario y su familia.
Pericias fortalecen la investigación
Entre los principales elementos de convicción presentados por el Ministerio Público figuran informes técnicos elaborados por Osiptel, que permitieron establecer la operatividad de la línea telefónica utilizada para las presuntas extorsiones.
La investigación también incluye peritajes de balística forense que relacionan los casquillos encontrados frente al negocio con municiones incautadas durante un allanamiento realizado en el domicilio del investigado.
Además, los fiscales incorporaron el análisis forense de una cuenta de almacenamiento digital donde fueron hallados los archivos originales de videos con armas y explosivos que, presuntamente, fueron enviados a la víctima como mecanismo de intimidación.
Prisión preventiva busca asegurar la investigación
El Poder Judicial dispuso los nueve meses de prisión preventiva al considerar que existen elementos suficientes para vincular al investigado con el delito y riesgos procesales que podrían afectar el desarrollo de las investigaciones.
Con esta medida, la Fiscalía busca evitar una posible fuga del imputado o cualquier intento de obstaculizar la obtención de pruebas durante el proceso penal.
La investigación continuará en los próximos meses con nuevas diligencias para determinar el grado de participación del investigado y establecer si existen otros involucrados en el presunto esquema de extorsión.
Extorsión continúa siendo uno de los principales desafíos
El caso refleja una modalidad delictiva cada vez más frecuente, en la que los presuntos extorsionadores recurren a amenazas, mensajes intimidatorios y el envío de municiones para exigir pagos a comerciantes y empresarios.
Frente a este escenario, el Ministerio Público reiteró su compromiso de fortalecer la persecución de los delitos de extorsión y continuar trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional para proteger a las víctimas y combatir a las organizaciones criminales que operan en distintos distritos de Lima.