El delicado estado de salud del expresidente Alejandro Toledo ha reabierto el debate sobre la aplicación de la detención domiciliaria a personas condenadas mayores de 80 años. Su abogado, Carlos Torres Caro, advirtió que el exmandatario atraviesa un severo deterioro físico y emocional y pidió a la Corte Suprema acelerar la evaluación del recurso presentado por su defensa.
Durante una entrevista en RPP TV, Torres Caro sostuvo que Toledo Manrique, actualmente recluido en el penal Barbadillo, en Ate, ya no puede recibir a sus abogados en las oficinas destinadas a las visitas legales debido a su estado de debilidad.
Estado de salud de Alejandro Toledo preocupa a su defensa
Según relató Torres Caro, el exjefe de Estado permanece gran parte del tiempo en cama y presenta un cuadro de depresión severa.
El abogado afirmó que existe un informe médico que alerta sobre un elevado riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), una situación que, a su juicio, obliga a una atención inmediata por parte del sistema judicial.
“Estamos ante una situación en la que, Dios no quiera, tengamos por primera vez a un presidente que muera en prisión”, señaló el abogado durante la entrevista televisiva.
La defensa sostiene que Toledo ya no representa ningún riesgo para la sociedad ni para el desarrollo de los procesos judiciales pendientes, debido a su avanzada edad y a su condición física actual.
La defensa invoca la Ley 32181
El principal argumento legal de la defensa se sustenta en la Ley 32181, norma que modificó el Código Penal y que contempla beneficios para personas condenadas de edad avanzada.
Según Torres Caro, la legislación establece que quienes superen los 80 años de edad pueden acceder a la detención domiciliaria bajo determinadas condiciones.
Por ello, cuestionó la demora de las autoridades judiciales en resolver el pedido y aseguró que el expresidente debió acceder a ese beneficio desde el año pasado.
Asimismo, reveló que envió un mensaje directo al presidente de la sala suprema penal encargada de revisar el caso, Víctor Prado Saldarriaga, para solicitar que se programe cuanto antes la audiencia correspondiente.
Las condenas que enfrenta el expresidente
Alejandro Toledo cumple actualmente dos condenas judiciales vinculadas a casos de corrupción y lavado de activos.
En octubre de 2024 fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, relacionados con los sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.
Posteriormente, en septiembre de 2025, recibió una segunda condena de 13 años y cuatro meses de prisión por lavado de activos en el denominado caso Ecoteva.
Ambas sentencias consolidaron uno de los procesos judiciales más emblemáticos derivados del escándalo de corrupción transnacional que impactó a varios países de América Latina.
El debate legal y humanitario vuelve a instalarse
El caso ha reactivado la discusión sobre el equilibrio entre el cumplimiento de las condenas y el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad de avanzada edad.
Especialistas señalan que cualquier decisión deberá sustentarse en criterios estrictamente legales, médicos y humanitarios, sin que ello implique una anulación de las sentencias impuestas.
La Corte Suprema tendrá ahora la responsabilidad de evaluar si las condiciones de salud y la edad del exmandatario justifican un cambio en su régimen penitenciario.
En resumen
El pedido de detención domiciliaria de Alejandro Toledo abre un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más relevantes de la política peruana reciente. Mientras su defensa alerta sobre un deterioro crítico de su salud, el Poder Judicial deberá determinar si corresponde aplicar los beneficios contemplados por la ley para personas mayores de 80 años, en medio de un intenso debate jurídico y humanitario.