La Corte Suprema dio un nuevo paso en el proceso judicial contra el expresidente Alejandro Toledo. Autorizó gestionar ante Estados Unidos la ampliación de su extradición. Con esta medida, busca que el exmandatario enfrente en el país un nuevo juicio por presuntos actos de corrupción vinculados al Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.
El juez Richard Concepción Carhuancho presentó el requerimiento en septiembre de 2025. Lo hizo dentro de una investigación que ya tenía un mandato de prisión preventiva por 30 meses. El 21 de abril, un colegiado presidido por el magistrado Víctor Prado Saldarriaga evaluó la resolución.
¿Por qué buscan ampliar la extradición de Alejandro Toledo?
El tribunal concluyó que el pedido cumple con el tratado bilateral de extradición entre Perú y Estados Unidos. También se ajusta al Código Procesal Penal. Además, confirmó que se respetan principios clave como la doble incriminación y la gravedad de la pena.
La sala descartó impedimentos legales para avanzar. Consideró que los delitos imputados colusión y lavado de activos agravado son de naturaleza común. También precisó que exmandatario no ha sido juzgado antes en el país por estos hechos.
Tras esta decisión, la Corte Suprema remitirá el expediente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La entidad continuará el trámite diplomático ante las autoridades estadounidenses.
Acusación fiscal y pedido de prisión
El Ministerio Público solicita una condena de 24 años y 8 meses de prisión contra el expresidente. Lo acusa de participar en actos de corrupción relacionados con la adjudicación del Tramo 4 de la Interoceánica Sur.
Según la tesis fiscal, el exmandatario recibió sobornos de la constructora Camargo y Correa. A cambio, habría favorecido a la empresa en la licitación del proyecto. Entre las evidencias figuran correos electrónicos, registros bancarios y transferencias desde cuentas offshore. Estas operaciones se vinculan con cuentas relacionadas al empresario Josef Maiman.
Condenas previas y situación actual
Toledo cumple condenas en el Perú desde su extradición en 2023. En octubre de 2024, el Poder Judicial lo sentenció a 21 años y seis meses de prisión por el caso Interoceánica (tramos 2 y 3), vinculado a Odebrecht.
Además, recibió una segunda condena de 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva, también por lavado de activos. Actualmente, permanece recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate.
Con esta nueva solicitud, el Estado peruano busca que el exjefe de Estado responda por todos los procesos pendientes vinculados a presuntos actos de corrupción durante su gobierno.