La Mesa Directiva del Congreso de la República aprobó la entrega de un bono extraordinario de 2 UIT (S/ 11,000 aproximadamente) para todos sus trabajadores activos.
El beneficio fue depositado a mediados de junio de 2026 y alcanzó a cerca de 4 mil servidores parlamentarios, lo que ha generado una fuerte controversia pública por el uso de recursos del Estado.
Bono de más de S/ 11 mil en el Congreso
El beneficio económico fue otorgado de manera generalizada, sin distinción de régimen laboral, incluyendo asesores, técnicos, auxiliares y personal administrativo.
El acuerdo que autorizó el pago no habría sido difundido con detalle en los portales de transparencia del Parlamento, lo que ha incrementado las críticas sobre la falta de sustento público de la decisión.
Más de S/ 44 millones del presupuesto público
El impacto total del bono supera los S/ 44 millones de soles, considerando a los aproximadamente 4 mil trabajadores beneficiados.
La cifra ha generado debate sobre el uso del presupuesto público en un contexto de demandas sociales insatisfechas y limitaciones en distintos sectores del Estado.
¿En qué pudo haberse invertido el dinero?
Montos cercanos a los S/ 44 millones suelen destinarse en el Estado peruano a intervenciones de alto impacto social, principalmente a través de:
- Ministerio de Salud (MINSA): equipamiento de hospitales regionales, compra de equipos médicos y fortalecimiento de redes de atención.
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS): programas de apoyo a poblaciones vulnerables y atención a la primera infancia.
- Gobiernos regionales y locales: financiamiento de comedores populares, programas de alimentación, albergues y asistencia social.
En ese sentido, el uso de este monto en bonos parlamentarios ha abierto el debate sobre las prioridades del gasto público frente a necesidades urgentes del país.
Debate sobre el gasto público
La decisión del Congreso ocurre en un contexto en el que diversas entidades estatales enfrentan restricciones presupuestales para ejecutar programas sociales o mejorar infraestructura básica.
Esto ha reavivado la discusión sobre la eficiencia del gasto público y la asignación de recursos en el Estado.
Cuestionamientos por falta de transparencia
El acuerdo de la Mesa Directiva que aprobó el bono no habría sido publicado con el nivel de detalle técnico habitual en los portales institucionales.
Esta falta de transparencia ha generado observaciones sobre el proceso de aprobación del beneficio y su sustento administrativo.