El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, apeló una decisión judicial que lo mantiene vinculado al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado en el caso Antalsis. Pese a que la acusación por presunta colusión agravada en su contra fue archivada a pedido de la propia Fiscalía.
A través de su defensa legal, Cerrón busca que se revoque la resolución emitida el pasado 10 de abril por el juez Leodan Cristóbal Ayala. Si bien el magistrado dispuso el archivo de la acusación por colusión agravada, también determinó que el exgobernador regional continúe incorporado al proceso para responder por los posibles daños y perjuicios que habrían sido ocasionados al Estado.
Cerrón sostiene que existe una contradicción en la resolución
En el recurso presentado ante el Poder Judicial, la defensa del dirigente de Perú Libre argumenta que resulta incoherente mantener una eventual obligación de reparación civil por un delito cuya acusación penal ya fue archivada.
Según el escrito, no corresponde exigir una indemnización derivada de un hecho que dejó de formar parte de la imputación penal. Asimismo, sostiene que no existe un daño material o moral acreditado que pueda ser atribuido directamente a Cerrón respecto al extremo de colusión agravada.
La apelación fue admitida a trámite por el juez Cristóbal Ayala el pasado 20 de mayo y posteriormente elevada a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Será esta instancia la que deberá convocar una audiencia virtual para escuchar a las partes y emitir una decisión definitiva sobre el pedido.
Caso Antalsis: qué delitos siguen vigentes contra Cerrón
Aunque la acusación por colusión agravada fue archivada, Vladimir Cerrón continúa afrontando otros cargos dentro del caso Antalsis.
El Ministerio Público mantiene vigente la acusación por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio. Según la tesis fiscal, el exgobernador habría integrado una presunta organización criminal vinculada a Martín Belaúnde Lossio. El cual habría generado un perjuicio superior a los 26 millones de soles al Estado durante su gestión al frente del Gobierno Regional de Junín entre 2011 y 2014.
De acuerdo con la investigación, las presuntas irregularidades estuvieron relacionadas con la ejecución de los puentes Comuneros y Eternidad. Para estas obras se suscribieron convenios con Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA), entidad que posteriormente subcontrató a la empresa Antalsis.
La Fiscalía sostiene que este mecanismo habría permitido eludir los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones públicas para favorecer a una red criminal.
Vladimir Cerrón permanece prófugo desde 2023
La situación judicial de Cerrón continúa siendo compleja. El exgobernador regional permanece en condición de no habido desde el 6 de octubre de 2023. Desde esa fecha pasó a la clandestinidad tras ser condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva en el caso Aeródromo Wanka.
Aunque esa sentencia fue posteriormente anulada por la Corte Suprema, el líder de Perú Libre sigue siendo requerido por la justicia. Esto debido a una orden de prisión preventiva de 24 meses dictada en otra investigación. Dicho caso estaría vinculado al presunto financiamiento ilegal de las campañas de su partido entre los años 2008 y 2021.
Mientras la Sala de Apelaciones evalúa su recurso, Cerrón busca dejar sin efecto la decisión que lo mantiene expuesto al pago de una eventual reparación civil por un delito que ya no forma parte de la acusación penal en el caso Antalsis.