Una revisión interna de Migraciones encendió las alarmas: las autorizaciones de viaje de 23 menores de edad no aparecían en los registros de la institución. Lo que inicialmente fue una alerta administrativa terminó convirtiéndose en una investigación penal sobre una presunta organización criminal que habría utilizado los controles del aeropuerto internacional Jorge Chávez para facilitar la salida irregular de niños y adolescentes del Perú.
Los funcionarios investigados tenían a su cargo verificar la identidad de los pasajeros. Así como comprobar que los menores contaran con los permisos necesarios para viajar al extranjero. Sin embargo, según el expediente fiscal al que accedió Punto Final, algunos habrían manipulado información en el sistema migratorio. De forma que habrían validado documentos presuntamente falsos y coordinado con terceros para concretar los viajes.
La investigación está a cargo de agentes de la División Contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI y del fiscal Israel Luna, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao. Entre los elementos recopilados figuran registros informáticos, conversaciones, fotografías de pasaportes y coordinaciones sobre los turnos de los inspectores.
Los registros de Migraciones que despertaron las sospechas
Uno de los inspectores investigados es Willy Loyola Gil. El expediente recoge el caso de un niño de seis años que, en marzo de 2024, fue registrado como si hubiera viajado acompañado de ambos padres. Sin embargo, la revisión de los movimientos migratorios reveló que el progenitor había salido del Perú en septiembre de 2021 y no había vuelto a ingresar al país.
La auditoría informática también detectó que, apenas un minuto después de atender ese registro, Loyola recibió en el mismo módulo a Miguel Brandy Montero López, una persona que no tenía vínculo familiar con el menor.
Otro episodio atribuido al inspector ocurrió en diciembre de 2024, cuando una adolescente de 17 años viajó a Panamá junto a quien fue presentado como su primo, Brad Ferenc Villavicencio Pérez.
Aunque el sistema registra que Brad pasó el control migratorio con Loyola, la salida de la adolescente nunca quedó registrada. La menor llegó a Panamá, pero fue rechazada por no contar con la autorización correspondiente. Cuando retornó al Perú, Migraciones advirtió que no existía ningún movimiento de salida que explicara cómo había llegado al extranjero.
Permisos consulares falsos y coordinación entre funcionarios
La presunta organización también habría recurrido a documentos consulares falsos para facilitar viajes de menores. Una de las evidencias mencionadas en la investigación son las conversaciones encontradas en el teléfono del funcionario Evenes Francis Fernández Silva.
En enero de 2023, Fernández intercambió mensajes con un sujeto identificado como Jorge sobre la forma de registrar a dos menores utilizando un documento consular presuntamente falso, haciéndolo pasar por un permiso válido. En las conversaciones también compartía modelos e instrucciones sobre las opciones que debían seleccionarse en el sistema para completar los datos.
Otro investigado es Raúl Abel Ponce Sánchez. En sus archivos de comunicaciones se encontraron 921 elementos desde diciembre de 2021, entre ellos fotografías de pasaportes y mensajes que, según la investigación, evidenciarían coordinaciones para realizar registros irregulares.
Los mensajes también muestran que los involucrados habrían organizado los horarios de salida y llegada de los trabajadores para procurar que determinados inspectores estuvieran en los módulos cuando los menores debían pasar el control migratorio.
Los pagos por facilitar viajes de menores al extranjero
Las pesquisas también identificaron presuntos pagos a cambio de facilitar las salidas irregulares. Entre los casos recogidos en el expediente figuran:
- US$1.180 para gestionar el viaje de una niña de siete años a México, con intervención de Raúl Ponce.
- US$300 por la salida de una menor hacia Colombia.
- US$900 en otro caso de características similares.
- S/1.140 que habría recibido Evenes Francis Fernández para facilitar el viaje de un niño de 12 años que se desplazaba únicamente con su madre.
La investigación también comprende al funcionario Alexander Calderón Ortiz, señalado por presuntamente facilitar la salida de una niña de ocho años hacia Estados Unidos. Además de enviar información para gestionar otro viaje sin autorización.
Edwin Julca volvió a trabajar en Migraciones y fue detenido nuevamente
El caso incluye el antecedente de Edwin Julca Becerra, quien fue detenido en 2024 por presuntamente manipular registros migratorios. Pese a ello, volvió a trabajar en Migraciones por orden judicial.
Ahora, dos años después de aquella detención, Julca fue arrestado nuevamente por su presunta participación en la misma organización criminal investigada por facilitar la salida irregular de menores.
Las diligencias buscan establecer el grado de participación de cada funcionario y de las demás personas involucradas. Así como reconstruir las operaciones que habrían permitido que menores de edad viajaran al extranjero sin cumplir los requisitos legales.