El Ministerio Público anunció el despliegue de 7.000 fiscales a nivel nacional para reforzar la vigilancia y prevención de delitos durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026, programada para el próximo 7 de junio. La medida busca garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral, así como supervisar el traslado y distribución del material electoral en los distintos centros de votación.
La decisión responde a los antecedentes registrados en procesos electorales realizados entre 2010 y 2025, periodo en el que se reportaron diversos incidentes vinculados a delitos electorales, afectaciones al material de votación y actos que pusieron en riesgo el normal desarrollo de las jornadas democráticas.
Elecciones 2026: Ministerio Público refuerza control electoral
El despliegue de fiscales forma parte de una estrategia coordinada entre las fiscalías de prevención del delito, fiscalías penales y fiscalías anticorrupción. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier hecho que pueda vulnerar el derecho al voto o afectar la transparencia del proceso electoral.
Como parte de estas acciones, los representantes del Ministerio Público supervisarán el traslado y almacenamiento del material electoral en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), además de permanecer atentos a posibles delitos que pudieran presentarse antes, durante y después de la jornada electoral.
La institución señaló que el monitoreo abarcará todas las regiones del país, con especial atención en aquellas zonas que históricamente han registrado mayores incidencias durante los procesos electorales.
Delitos electorales marcaron procesos anteriores
Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre 2010 y 2025 se identificaron diversas modalidades delictivas relacionadas con procesos electorales.
Los casos más frecuentes estuvieron vinculados a la destrucción de material electoral o de locales de votación, con 146 incidencias reportadas. También se registraron 54 casos de enfrentamientos durante las jornadas electorales y 32 bloqueos de acceso a centros de sufragio.
Asimismo, se contabilizaron 34 casos de suplantación de identidad y 29 hechos relacionados con la difusión de propaganda electoral en horarios prohibidos.
Regiones con mayor incidencia de delitos electorales
La información recopilada por el Ministerio Público revela que los distritos fiscales con mayor incidencia de delitos electorales se encuentran en Cajamarca, Loreto, Áncash, Junín, Amazonas, Huánuco y Huancavelica.
Estas jurisdicciones serán objeto de una supervisión más intensa debido a los antecedentes registrados en anteriores procesos electorales.
Antecedentes de detenciones en procesos electorales
El Ministerio Público recordó que en elecciones anteriores se registraron numerosas detenciones relacionadas con presuntos ilícitos electorales.
Durante las Elecciones Generales de 2021 se reportaron 65 detenidos en la primera vuelta y 35 en la segunda. En tanto, las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 dejaron un saldo de 139 personas detenidas por distintas infracciones vinculadas al proceso electoral.
Más recientemente, durante la primera vuelta de las Elecciones 2026, realizada en abril, se identificaron 57 ocurrencias de relevancia penal.
Entre los casos detectados destacaron 29 hechos de suplantación de identidad, 10 relacionados con propaganda electoral en horario prohibido y cuatro vinculados a la destrucción o incautación de material electoral.
En ese mismo periodo fueron detenidas 49 personas en distintas regiones del país por presuntas infracciones electorales, principalmente relacionadas con suplantación de identidad, incumplimiento de la ley seca y propaganda indebida.
Vigilancia para garantizar la transparencia electoral
Frente a este escenario, el Ministerio Público aseguró que mantendrá una vigilancia permanente antes y durante la jornada del 7 de junio.
Los fiscales supervisarán el adecuado despliegue del material electoral desde los almacenes de la ONPE hasta los centros de votación y actuarán ante cualquier situación que pueda afectar la transparencia del proceso o la voluntad popular expresada en las urnas.