Como se recuerda, el panorama para Petroperú cambió con el Decreto de Urgencia 010-2025, aprobado por el Gobierno a fines del año pasado. La norma declaró la reorganización patrimonial, financiera y operativa de la petrolera estatal e incorporó a la empresa al proceso de promoción de inversión privada manejado por ProInversión.
En ese contexto, la decisión de poner en vitrina un activo como su edificio principal (ubicado en San Isidro, de 22 000 m²) no es trivial. Es una señal de que necesitan liquidez urgente, sí, pero también de una empresa que está resolviendo problemas de corto plazo sacrificando piezas que, aunque no son operativas, sí forman parte de su estabilidad institucional.
Para analizar esta medida hay que entender —y esto pocas veces se dice en el debate público— que el petróleo no es un negocio cualquiera. Es la columna vertebral de todo sistema productivo moderno. Entonces, cuando una empresa como Petroperú entra en tensión, el impacto se filtra rápidamente hacia toda la estructura económica.
En logística, vender activos no estratégicos puede ser una decisión correcta. El problema surge cuando esa venta no responde a una planificación, sino a la presión de caja. Y Petroperú hoy está operando bajo presión. ¿Qué puede suceder a corto plazo?
El abastecimiento y el problema
La evidencia está en lo más básico: una empresa que debe garantizar el abastecimiento de combustibles no debería estar usando fondos destinados a utilidades laborales para comprar crudo. Esa decisión —reconocida por su propio directorio— revela un desbalance crítico entre flujo de caja y necesidades operativas. Logísticamente, es como si una empresa de transporte tuviera que vender repuestos para poder comprar gasolina y seguir operando. Puede funcionar un tiempo, pero obviamente no es sostenible.
Ese es el punto que muchas veces se pierde en el debate (ideológico a veces). No se trata solo de si Petroperú debe ser estatal o privada. Se trata de si el sistema energético del país opera o no de manera eficiente y competitiva.
Actualmente, el precio del combustible está por las nubes. Y aunque se sabe que hay factores externos muy complejos, eso no mella el daño que viene generando al Perú: subida de costos de transporte, encarecimiento de alimentos, se presiona la inflación y hay menos competitividad de las exportaciones.
Lamentablemente el problema de Petroperú termina siendo el mismo problema del Perú. La burocracia. Tanto es así que ni la digitalización ha logrado que algunas empresas públicas puedan producir con eficiencia.
¿Mantendrá sus operaciones?
Cuando a fines del año pasado se publicó el decreto para la reorganización de Petroperú, se admitió la conformación de “bloques patrimoniales”, es decir, la posibilidad de dividir activos y unidades de negocio de Petroperú para facilitar esquemas de participación privada. Además, encarga directamente a ProInversión el diseño, conducción y ejecución del proceso de reorganización.
Incluso la norma propone que se dé la reducción progresiva de 1554 puestos de trabajo. Entre las medidas anunciadas se incluyeron jubilaciones, programas de desvinculación voluntaria y la no renovación de contratos temporales considerados “no críticos”.
El mismo Ministerio de Energía y Minas defendió públicamente la medida señalando que no se trata de una privatización tradicional, sino de una “reorganización necesaria” para garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles y preservar el rol estratégico de la empresa en la seguridad energética nacional.
Este mes, incluso después del Decreto de Urgencia, el Gobierno autorizó que Petroperú obtenga hasta 2000 millones de dólares en préstamos respaldados por el Estado para sostener sus operaciones y asegurar la compra de crudo y combustibles. La medida se justificó por el riesgo de interrupción del abastecimiento nacional. Aunque el Ejecutivo dijo a través de conferencias de prensa que esta vez ya no era “dinero público”, lo cierto era que el préstamo estaba siendo avalado por el Estado.
Hasta aquí el camino no ha sido fácil. La reorganización generó rechazo sindical y críticas de especialistas del sector energético. El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, declaró en RPP que el esquema de reorganización “abría el camino” hacia una privatización parcial o total de Petroperú, aunque el Gobierno evite utilizar ese término.
Aquí es donde entra el rol de ProInversión. Su propuesta de dividir y vender por partes a Petroperú es una buena idea, pero mal hecha hasta podría complejizar una cadena de hidrocarburos que, por naturaleza, responde a una operación muy integrada. Desde la compra de crudo hasta la refinación, el almacenamiento, la distribución y la venta final, cada etapa depende de la otra. Separar estas funciones —o gestionarlas con múltiples centros de decisión— puede generar ineficiencias, retrasos y más sobrecostos. Así que esto debe pensarse de manera muy técnica.
Además, hay otro problema muy crítico en la empresa: su pérdida de participación de mercado y su baja capacidad de influir en los precios. Petroperú se creó para que cumpla una función de equilibrio en el mercado, así que su sola presencia debería limitar la volatilidad de precios y debería evitar que el mercado quede completamente en manos de operadores privados con poder de fijación de precios. ¿Eso se está cumpliendo? No. Incluso en las cadenas de grifos los precios por galón están por encima de los 22 soles.
De modo que la reorganización plantea un dilema complejo. Por un lado, busca ordenar una empresa que claramente necesita ajustes, pero, por otro, introduce cambios que pueden alterar la lógica integrada del negocio. El propósito es corregir sin que esto siga alterando los precios del combustible que vienen encareciendo la vida de los peruanos día a día.
Volviendo al edificio, aunque su venta podría ser defendida como una medida pragmática y positiva, todo seguirá igual si no logran enfocarse en el core del negocio. Mientras esos verdaderos problemas no se resuelvan, ningún activo inmobiliario —por valioso que sea— podrá compensar lo que realmente está en juego: la estabilidad logística de un país que depende, más de lo que quiere admitir, de que el combustible llegue a tiempo y al precio correcto.