La Fiscalía de la Nación consiguió evitar la prescripción de los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado atribuidos a Víctor Polay, cabecilla del MRTA, en el emblemático caso ‘Las Gardenias’. La investigación está relacionada con los asesinatos de integrantes de la comunidad LGBTI ocurridos entre 1989 y 1992 en la región San Martín, durante la etapa de violencia terrorista en el Perú.
Fiscalía mantiene acusación contra Víctor Polay
La decisión fue obtenida por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, liderada por la fiscal superior Rosario Quico Palomino.
De acuerdo con la acusación fiscal, miembros del Frente Nororiental del MRTA ejecutaron en mayo de 1989 a ocho hombres de la comunidad LGBTI dentro de la discoteca ‘Las Gardenias’, ubicada en Tarapoto.
La Fiscalía sostiene que estos crímenes formaban parte de una política de “limpieza social” impulsada por la organización terrorista durante aquellos años.
Crímenes ocurrieron entre 1989 y 1992
El Ministerio Público también atribuye al MRTA el asesinato de Luis Pinchi en 1990, además de las muertes de Silvano Vela en 1991 y Salomón Pérez en 1992, todos presuntamente atacados debido a su orientación sexual.
Durante la audiencia, el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales Cruzado presentó los argumentos que permitieron mantener vigentes los cargos de terrorismo agravado y homicidio calificado dentro de un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para Víctor Polay y otros presuntos responsables.
Juicio oral iniciará en junio
Además de Polay, el requerimiento fiscal alcanza a María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, acusados como autores mediatos de los crímenes investigados.
El juicio oral por el caso ‘Las Gardenias’ está programado para iniciar el próximo 17 de junio, donde el Ministerio Público sustentará las imputaciones y los pedidos de condena.
Caso Las Gardenias vuelve al centro del debate
El caso ‘Las Gardenias’ se ha convertido en uno de los procesos más relevantes relacionados con los crímenes cometidos durante el conflicto interno peruano y la violencia terrorista de los años ochenta y noventa.
Organizaciones de derechos humanos consideran este proceso clave para esclarecer actos de violencia cometidos contra personas de la comunidad LGBTI en el contexto del terrorismo en el Perú.