El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio un paso clave en la modernización de la gestión local al aprobar nuevas medidas orientadas a fortalecer el uso del catastro fiscal, herramienta fundamental para mejorar la recaudación de impuestos en las municipalidades. La iniciativa apunta a ordenar la información predial y cerrar brechas históricas en la administración tributaria a nivel subnacional.
El titular del sector, Rodolfo Acuña Namihas, sostuvo que contar con datos más precisos permitirá a los gobiernos locales calcular de manera más eficiente sus tributos. En otras palabras, se busca que las municipalidades recauden mejor, con información más confiable y menos margen de error.
El paquete normativo incluye dos instrumentos centrales: el Procedimiento para la Consolidación de la Información del catastro fiscal y la Estrategia de Gestión del Catastro Fiscal 2026, ambos diseñados para estandarizar procesos y ampliar el alcance de esta herramienta en el país.
Ordenar la información para recaudar mejor
El nuevo procedimiento establece reglas claras sobre cómo organizar, validar y consolidar la información predial que utilizan las municipalidades para el cálculo del impuesto predial. No se trata solo de un ajuste técnico: es una intervención estructural en la forma en que los gobiernos locales gestionan su base tributaria.
El catastro fiscal funciona como un inventario detallado de los predios, compuesto por un padrón y una base gráfica que permite identificar, ubicar y valorizar cada propiedad. Su correcta implementación es clave para evitar subvaluaciones, omisiones o inconsistencias que terminan afectando la recaudación.
Con esta norma, el MEF busca garantizar estándares mínimos de calidad en los datos, así como asegurar su integridad y trazabilidad. Además, se promueve la interoperabilidad con otras entidades públicas, lo que permitirá cruzar información y reducir vacíos en los registros.
Meta 2026: más municipalidades integradas
La segunda pieza del paquete es la Estrategia de Gestión del catastro fiscal 2026, que fija una hoja de ruta para expandir esta herramienta a nivel nacional. El objetivo es incorporar 100 nuevas municipalidades durante el próximo año.
De cumplirse esta meta, el país alcanzaría 350 gobiernos locales integrados al sistema desde 2024, lo que marcaría un avance significativo en la digitalización y estandarización de la gestión tributaria municipal.
La estrategia no se limita a ampliar cobertura. También contempla capacitaciones permanentes a funcionarios locales, mejoras en la interoperabilidad de los sistemas y un proceso progresivo de modernización en la valuación de predios.
Valuación más realista y menos distorsiones
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de información del mercado inmobiliario en los procesos de valuación fiscal. Esto permitirá que el valor asignado a los predios se acerque más a su precio real, reduciendo distorsiones que históricamente han afectado la equidad tributaria.
En términos prácticos, un catastro fiscal actualizado y conectado con datos del mercado permitirá que los contribuyentes paguen impuestos más acordes al valor de sus propiedades, evitando tanto subestimaciones como sobrecargas injustificadas.
Este enfoque también busca reducir la discrecionalidad en la gestión local y fortalecer la transparencia en el cálculo de los tributos.
Una herramienta clave para la sostenibilidad municipal
El impulso al catastro fiscal responde a un problema de fondo: muchas municipalidades tienen dificultades para recaudar de manera eficiente debido a la falta de información actualizada y sistemas adecuados.
Mejorar la calidad de los datos prediales no solo incrementa la recaudación, sino que también permite una mejor planificación del gasto público. Con mayores ingresos propios, los gobiernos locales pueden financiar obras, servicios básicos y proyectos de desarrollo sin depender exclusivamente de transferencias del Estado central.
En ese contexto, las medidas del MEF buscan consolidar una administración tributaria más moderna, transparente y sostenible, donde la información sea el principal activo para la toma de decisiones.
El reto, sin embargo, estará en la implementación. La brecha técnica entre municipalidades sigue siendo amplia, y el éxito del catastro fiscal dependerá de la capacidad de los gobiernos locales para adoptar estas herramientas y sostenerlas en el tiempo.