La investigación por la muerte de 13 trabajadores en la provincia de Caravelí, en Atico, continúa generando repercusiones judiciales y cuestionamientos sobre el debido proceso. Un reportaje del programa televisivo Panorama revela que la llamada masacre del caso Intigold no solo involucra a presuntas organizaciones criminales, sino que también ha alcanzado a mineros formales en Arequipa, incluidos empresarios con operaciones legales.
El conflicto se originó en junio de 2022 en la unidad minera Calpa, operada por Intigold Mining, donde se enfrentaron las asociaciones Atico Calpa y Calpa Renace. El resultado fue un violento episodio que dejó 13 personas fallecidas y abrió un proceso penal que hoy involucra a decenas de investigados.
Proceso judicial incluye a empresarios sin antecedentes
La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Arequipa y la Policía iniciaron una investigación por delitos de crimen organizado en Perú, homicidio, usurpación agravada y tenencia ilegal de armas. El expediente, actualmente en el Juzgado Colegiado de Camaná, alcanza a 56 procesados.
Sin embargo, según la investigación de Panorama, entre los acusados figuran empresarios mineros formales, sin antecedentes penales ni vínculos comprobados con organizaciones criminales. Este hecho ha generado preocupación sobre el alcance de la persecución penal en el contexto de conflictos vinculados a la minería en el sur del Perú.
El caso de Jesús Baca y la falta de pruebas
Uno de los casos más representativos es el de Jesús Baca Quispe, un empresario con operaciones legales y documentación en regla. La Fiscalía lo señala como presunto financista de la organización Atico Calpa, acusándolo de haber aportado dinero y recursos para el enfrentamiento.
No obstante, el propio Baca ha rechazado las imputaciones: “Yo no he estado nunca en el lugar de los hechos”, declaró. De acuerdo con el reportaje de Panorama, no existen pruebas que acrediten transferencias, coordinación ni entrega de dinero a los presuntos responsables.
Además, registros independientes indican que el día de los hechos el empresario se encontraba en la ciudad de Arequipa, por el nacimiento de su hijo, lo que refuerza su defensa.
Irregularidades en el proceso judicial
El caso también presenta una serie de cuestionamientos. Según la defensa, encabezada por el abogado Giuliano Delgado, los fondos incautados a Baca cuentan con respaldo de peritajes contables que acreditan su origen lícito.
A pesar de ello, el empresario fue detenido y sometido a prisión preventiva por presunto lavado de activos en Perú. Entre las irregularidades señaladas se encuentra la inclusión de una supuesta cuarta arma que no figura en actas oficiales, así como el allanamiento erróneo de la vivienda de un homónimo en Lima.
Estos elementos han puesto en debate la solidez del proceso y la correcta valoración de pruebas dentro del sistema judicial.
Señalamientos sobre testigos y actuación fiscal
El reportaje de Panorama también documenta posibles inconsistencias en el uso de testigos protegidos. En una audiencia, uno de ellos afirmó no poder identificar a Baca ni ubicarlo en el lugar de los hechos.
Asimismo, se mencionan cuestionamientos sobre la actuación de fiscales y jueces en el manejo del caso. Consultado sobre algunos aspectos del expediente, el presidente de la Corte Superior de Arequipa, Nicolás Azcárraga, señaló no tener conocimiento de esos detalles ni poder pronunciarse sobre decisiones judiciales específicas.
Un caso que expone tensiones en la minería peruana
Actualmente, 39 personas continúan acusadas y el proceso sigue en curso. El caso Intigold se ha convertido en un ejemplo de la complejidad de los conflictos vinculados a la minería formal e informal en el Perú, especialmente en zonas donde la violencia y la disputa por territorios son recurrentes.
La investigación de Panorama pone sobre la mesa la necesidad de reforzar las garantías del debido proceso y evitar que, en el marco de la lucha contra la minería ilegal en Perú, se termine involucrando a actores que no tendrían responsabilidad directa.
En un contexto de creciente conflictividad en el sur del país, el caso plantea interrogantes sobre los límites de la acción penal y la importancia de una justicia basada en pruebas sólidas y verificables.