El abogado Wilfredo Pedraza de Ollanta Humala criticó que la Sala Penal de Apelaciones rechazara suspender la ejecución provisional de la sentencia por lavado de activos. La defensa sostiene que precedentes de Keiko Fujimori y Susana de la Puente debieron ser determinantes para otorgar la libertad al expresidente.
El Poder Judicial rechazó el pedido de la defensa del expresidente Ollanta Humala para que este afronte el proceso de apelación en libertad. Tras la decisión, su abogado, Wilfredo Pedraza, cuestionó los criterios del tribunal, señalando que se ignoraron fallos previos del Tribunal Constitucional (TC) y de la Corte Suprema que, según su análisis, resultan similares al caso del exmandatario.
El argumento de los precedentes
La defensa de Humala sostiene que las sentencias del TC en el caso de Keiko Fujimori y de la Corte Suprema respecto a Susana de la Puente establecen que los aportes a campañas políticas no constituyen delito de lavado de activos.
Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones determinó que dichos precedentes no se aplican de forma automática. El tribunal argumentó que será durante el desarrollo del proceso de apelación donde se evalúe si las condiciones de los casos son comparables a la situación jurídica de Humala.
Riesgo de fuga y situación procesal de Ollanta Humala
Otro punto clave en la resolución judicial es la permanencia del peligro procesal. El colegiado consideró que el hecho de que Nadine Heredia y sus hijos se encuentren en Brasil mantiene el riesgo de una eventual fuga del expresidente.
Ante esto, Pedraza calificó de insuficiente la revisión del tribunal: “Era suficiente revisar lo resuelto por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema para advertir que, en el fondo, se trata de lo mismo”, afirmó el letrado en declaraciones a RPP.
Próximas acciones legales
El expresidente cumple actualmente más de diez meses de detención a la espera de que se programe la audiencia de apelación para discutir el fondo del caso. Ante el rechazo de la suspensión de la condena, la defensa ha elevado un recurso al Tribunal Constitucional, con la expectativa de obtener un pronunciamiento antes de que finalice el juicio oral en segunda instancia.
Finalmente, se precisó que esta resolución afecta exclusivamente a Ollanta Humala, ya que el pedido de suspensión de ejecución provisional fue interpuesto de manera individual.