De empresa emblemática a carga fiscal. La historia reciente de Petroperú no es solo un problema financiero, sino el resultado de una decisión política que ignoró señales técnicas evidentes.
Petroperú es hoy una empresa insolvente e inviable. No hay eufemismo que resista el análisis. Por más maromas contables o rescates fiscales, el desenlace es uno solo: la liquidación por insolvencia, conforme a las reglas de salida del mercado vigentes en el Perú y en coherencia con el modelo de economía social de mercado consagrado en la Constitución. Pero este no es un colapso súbito. Es una historia larga, con un punto de quiebre preciso.
La ola privatizadora de los años noventa —en el contexto del ajuste estructural del régimen de Alberto Fujimori— redujo el rol de Petroperú a funciones acotadas: refinación (Talara y Conchán), almacenamiento y distribución. El mensaje era claro: el Estado dejaba de ser protagonista empresarial para convertirse en árbitro.
Y, contra lo que muchos suponen, ese esquema funcionó razonablemente bien durante años. Petroperú sobrevivió en una posición secundaria, sin mayores sobresaltos, coexistiendo con operadores privados en un mercado que, con sus imperfecciones, logró abastecer al país de manera eficiente.
Pero llegó el punto de quiebre: la Nueva Refinería de Talara (NRT). Impulsada durante el gobierno de Ollanta Humala, bajo la conducción de Humberto Campodónico, la NRT fue presentada como un proyecto estratégico de soberanía energética. El argumento: reducir la dependencia de importaciones de combustibles y mejorar la balanza comercial procesando crudos pesados nacionales.
Lo grave es que la decisión ignoró tendencias estructurales evidentes. Ya en ese momento era claro que la transición energética avanzaba, que los vehículos eléctricos ganarían terreno y que la demanda de combustibles fósiles enfrentaría presiones a la baja en el mediano plazo. El Perú, además, contaba con el gas de Camisea como alternativa energética.
A ello se suma otro supuesto fallido: la explotación de crudos pesados de la Amazonía. Hoy, por razones ambientales, sociales y regulatorias, esos desarrollos son altamente inciertos. El insumo estratégico que justificaba la refinería no está garantizado.
En paralelo, el argumento de “ahorro de divisas” pierde peso en un país que genera ingresos significativos por exportaciones mineras.
El proyecto se anunció con un costo de $1334 millones. Hoy bordea los $8500 millones. La diferencia no es un desliz técnico: es un abismo financiero. Miles de millones de dólares públicos comprometidos en una empresa que no va a poder generar un retorno económico. La petrolera ha requerido, requiere y requerirá de soporte financiero del Estado para seguir viviendo, sin indicios de que pueda brindar retorno alguno.
La NRT no fue, en esencia, una decisión técnica. Fue una apuesta ideológica. Un intento de reinstalar al Estado como actor empresarial en un sector donde ya había cedido terreno. Una revancha conceptual frente al modelo de mercado instaurado en los noventa.
¿Qué hacer?
La respuesta técnica es incómoda, pero clara: aplicar las reglas que el propio sistema establece. Un proceso de insolvencia ordenado, donde los acreedores —con el Estado como principal actor— definan el destino de la empresa.
Eso implica liquidar la estructura actual y, eventualmente, dar paso a una nueva entidad más pequeña, enfocada en funciones específicas como transporte, almacenamiento y comercialización mayorista. Un operador acotado, funcional y coherente con un Estado regulador, no empresario.
La solución técnica es simple, lo complicado es la decisión política. Esperamos que el Ejecutivo que viene tenga la visión y el coraje de ejecutarla.
Por: EDUARDO BRUCE MONTES DE OCA