El Poder Ejecutivo oficializó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana mediante el Decreto Supremo N° 001-2026-IN, una herramienta técnica que deberá guiar las políticas de lucha contra la criminalidad en gobiernos regionales y locales durante los próximos dos años. Sin embargo, el contenido del documento —que el presidente José María Balcázar evitó detallar inicialmente bajo argumentos de reserva— ha generado cuestionamientos por el enfoque de sus «Intervenciones Estratégicas».
Deporte y civismo como ejes de prevención
De las 134 intervenciones planteadas, el primer objetivo estratégico se centra en la prevención comunitaria. El plan propone la ejecución de “Campeonatos Nacionales Interbarrios” con una meta de participación que supera los 5,000 ciudadanos para el 2028, además de programas deportivos permanentes en espacios públicos.
Asimismo, resalta la inclusión de izamientos de la bandera nacional como medida de seguridad. La meta establecida por la actual administración es de 6,000 ceremonias mensuales, a realizarse los domingos o lunes, una cifra que incrementa la propuesta original formulada durante la gestión del censurado expresidente José Jerí.
Equipamiento y tecnología cuestionada
En el ámbito policial, el plan contempla la adquisición de 992 teléfonos celulares para jefes de sector de las comisarías, con el fin de mejorar la comunicación con las juntas vecinales hacia agosto de este año. También se proyecta la reposición de 2,678 vehículos patrulleros y el uso de inteligencia artificial en sistemas de videovigilancia en 245 municipios.
Pese a la ambición de las metas, especialistas como el general (r) Ernesto Pérez Rocha, exsecretario del Conasec, advierten sobre la viabilidad de estas medidas. Pérez Rocha señaló que el documento parece ser una «maqueta» heredada del gobierno anterior con ligeras modificaciones cosméticas, calificándolo como un movimiento declarativo difícil de ejecutar antes del cambio de mando en julio.
El factor de la continuidad
La revisión del documento revela coincidencias directas con la versión del plan trabajada por el gobierno de José Jerí en febrero pasado. Aquella propuesta ya había sido criticada por autoridades locales, como el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien en su momento la calificó de «generalista».
Aunque el presidente Balcázar sostuvo que no revelaría detalles para «no advertir al delincuente», el marco legal del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana exige la publicidad de estas metas para permitir la fiscalización de su cumplimiento, un aspecto crítico considerando que el plan extiende su vigencia hasta el 2028, trascendiendo al actual periodo de gobierno.