La Fiscalía Suprema del Fuero Militar Policial inició una investigación preparatoria contra tres integrantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por presuntas irregularidades en el control y destino de armamento almacenado en la Base Aérea Científica de Punta Lobos, ubicada en Pucusana, al sur de Lima. El caso comprende la desaparición de más de 2.300 unidades de material militar.
Los investigados son el coronel FAP John Bonifaz Arista, el mayor FAP Dante Bustamante Enríquez y el técnico de primera en situación de retiro Álex Rosas Limonchi. Según reveló el programa Punto Final, la investigación fue formalizada mediante la disposición fiscal 139-2026, emitida el 26 de agosto de 2026.
Los tres afrontan una investigación por los presuntos delitos de desobediencia, información falsa sobre asuntos del servicio y afectación del material destinado a la defensa nacional.
FAP: más de 2.300 unidades de material de guerra no fueron ubicadas
Entre 2021 y 2022, el coronel Bonifaz Arista estuvo al mando del Servicio de Material de Guerra de la FAP (SEMAG), dependencia encargada de administrar, custodiar y mantener el armamento de la institución.
Tras concluir su gestión, la Dirección General de Logística de la Fuerza Aérea inició una investigación administrativa al detectar inconsistencias durante la transferencia del cargo. En ese procedimiento se advirtió que más de 2.300 unidades de armas y material de guerra no podían ser ubicadas físicamente.
Sin embargo, los registros sobre parte de ese material eran anteriores. Documentos de septiembre de 2021, refrendados por el propio coronel Bonifaz, ya consignaban como no encontrados 98 pirocartuchos PK16 M, utilizados en los sistemas de eyección de los asientos de aviones MIG-29; 467 cartuchos PPI Flare Decoy, empleados como bengalas para proteger aeronaves de misiles; y 83 cohetes antiaéreos Strela M32M.
Investigan presunta simulación de un curso de demolición de explosivos
Otro episodio bajo investigación ocurrió en octubre de 2022, cuando se realizó un curso de demolición de explosivos. Según la hipótesis fiscal, durante esa actividad se habría registrado la destrucción de material militar considerado vencido o deteriorado, entre el que figuraban 19 cohetes antiaéreos que meses antes habían sido reportados como no encontrados.
La investigación también identificó contradicciones sobre la participación de los efectivos. Uno de los oficiales que aparecía registrado como asistente al curso habría declarado que no estuvo presente. De acuerdo con la información difundida, estas inconsistencias llevaron a examinar la posibilidad de que la actividad, que habría sido impartida por el técnico Álex Rosas Limonchi, fuera simulada.
Un segundo episodio se habría producido en diciembre de 2022, cuando se programó la quema de material que también aparecía como no ubicado en un inventario de mayo de ese año. La actividad finalmente no se realizó después de que los involucrados fueran informados de una auditoría de la organización internacional Norwegian People's Aid (NPA).
FAP confirma investigación, pero evita dar declaraciones
La Fuerza Aérea del Perú confirmó que existe una investigación en curso, aunque indicó que no brindaría declaraciones sobre el caso. Según el programa periodístico, los otros involucrados tampoco pueden pronunciarse debido a las restricciones que afrontan en el marco de las diligencias.
El abogado especialista en libertades informativas Roberto Pereyra señaló que, al tratarse de bienes y funcionarios estatales, existe un interés público en esclarecer lo ocurrido.
Las diligencias fiscales deberán determinar si corresponde solicitar el archivo del caso o formular una acusación para que los investigados afronten un eventual juicio oral.