El combate contra el narcotráfico volvió a ocupar el centro de la agenda pública. En un acto cargado de simbolismo político y operativo, el Gobierno dio inicio al primer proceso de incineración de drogas del 2026, con la destrucción de más de ocho toneladas de sustancias ilícitas incautadas en distintos puntos del país. La escena, montada en la base de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en Ate, buscó enviar un mensaje claro: el Estado quiere marcar distancia frente a las economías ilegales que siguen erosionando la seguridad y la gobernabilidad.
La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, junto al ministro del Interior, Hugo Begazo, y el canciller Hugo de Zela. La presencia conjunta del gabinete buscó reforzar la idea de una política antidrogas articulada, no solo desde el enfoque policial, sino también desde la diplomacia y la cooperación internacional.
Un mensaje político en clave de seguridad
Durante su intervención, Miralles subrayó que la incineración de 8 324,24 kilogramos de droga representa una acción concreta en la lucha frontal contra el narcotráfico, una de las principales banderas del gobierno del presidente José Balcázar. El discurso fue directo: no se trata solo de decomisar, sino de cerrar el ciclo de la droga, asegurando que no vuelva a circular ni dentro ni fuera del país.
La jefa del Gabinete destacó el trabajo articulado de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el Proyecto Especial Corah, además de la coordinación con aliados estratégicos como Estados Unidos y la Unión Europea. En clave política, el mensaje apuntó a reforzar la idea de que el narcotráfico no es solo un problema policial, sino un fenómeno transnacional que requiere respaldo internacional y continuidad institucional.
“Ni un centímetro a las economías ilegales”
El ministro del Interior, Hugo Begazo, elevó el tono del mensaje. “El Estado no cederá ni un solo centímetro frente a las economías ilegales”, afirmó, al recalcar que la droga destruida “no volverá a causar daño”. La frase, repetida en distintos actos oficiales, resume la narrativa del Ejecutivo: firmeza, presencia del Estado y respaldo a la Policía.
Begazo insistió en que el Perú mantiene un compromiso “firme e irrenunciable” en la lucha contra el narcotráfico transnacional, un problema que no solo alimenta el crimen organizado, sino que se conecta con otras actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de armas y el lavado de activos. En ese contexto, la incineración adquiere un valor que va más allá de lo operativo: se convierte en un acto de reafirmación del monopolio de la fuerza del Estado.
Cifras que marcan la ofensiva
Los números acompañan el mensaje político. En lo que va del 2026, la Policía Nacional ha decomisado más de 13 500 kilogramos de droga, destruido 120 laboratorios clandestinos e incautado insumos químicos, vehículos, aeronaves, armas y dinero de procedencia ilícita. Estas operaciones permitieron la desarticulación de ocho organizaciones criminales y la detención de más de mil personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
Las cifras buscan mostrar resultados concretos en un contexto en el que la ciudadanía exige respuestas frente al avance del crimen organizado. ¿Son suficientes estas acciones para frenar el narcotráfico? ¿Logran impactar en las estructuras financieras de las organizaciones criminales? Son preguntas que siguen abiertas y que suelen marcar el debate público cada vez que el Gobierno presenta balances de seguridad.
Un proceso bajo control y vigilancia
El proceso de destrucción de drogas se desarrollará durante diez días, bajo un protocolo estrictamente supervisado. La verificación y el análisis químico están a cargo de la Dirección de Criminalística de la PNP, mientras que la incineración se realiza en hornos de alta temperatura, con actas que certifican cada etapa del procedimiento.
La transparencia del proceso es clave para evitar cuestionamientos y garantizar la trazabilidad de la droga incautada. En ceremonias de este tipo, el Estado busca mostrar que no hay espacio para irregularidades, un punto sensible en un país donde los escándalos de corrupción han golpeado también al sistema de justicia y seguridad.
Presencia institucional y aliados internacionales
El acto contó con la participación del comandante general de la PNP, Óscar Arriola; del viceministro de Orden Interno, Jorge Cárdenas; del jefe de la Dirección Antidrogas, Leiby Huamán; y de la directora general contra el Crimen Organizado del Mininter, Silvia de la Cruz. También estuvieron presentes representantes del Ministerio Público, la Embajada de Estados Unidos en Perú, Corah y Devida.
La presencia de la embajada estadounidense refuerza el componente internacional de la estrategia antidrogas, tradicionalmente apoyada por cooperación técnica y financiera. En un escenario regional complejo, el Perú busca mantener su rol como socio confiable en la lucha contra el narcotráfico.
El desafío que persiste
Más allá de los discursos y las cifras, el desafío sigue siendo estructural. El narcotráfico se adapta, muta y encuentra nuevas rutas y aliados. La incineración de drogas es un paso necesario, pero no suficiente. El reto pasa por fortalecer la inteligencia, atacar las finanzas criminales y ofrecer alternativas económicas sostenibles en las zonas cocaleras.
El acto en la Diroes marca el inicio simbólico de un año que será clave para medir la efectividad de la política antidrogas del Gobierno. La pregunta de fondo es si esta ofensiva logrará trascender el gesto y traducirse en una reducción real del poder del narcotráfico en el país.