La lucha contra la extorsión y el crimen organizado enfrenta un nuevo cuestionamiento desde el propio sistema de justicia. El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, advirtió que el Decreto Legislativo N.° 1735, recientemente promulgado por el Poder Ejecutivo, es “inejecutable” debido a que no cuenta con un financiamiento real que permita su implementación efectiva.
La norma, que crea el Subsistema Especializado contra la extorsión y delitos conexos, fue presentada como una respuesta directa al incremento de este tipo de delitos en el país. Sin embargo, desde el Ministerio Público se alerta que la falta de recursos convierte esta iniciativa en una medida más declarativa que operativa.
Una norma sin respaldo presupuestal
Según explicó Chávez Cotrina, el principal problema del decreto radica en su artículo 11, donde se establece que la implementación del nuevo subsistema se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin contemplar una transferencia adicional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Pretender que se creen y funcionen nuevas fiscalías especializadas sin una asignación económica específica, en la práctica, vuelve a la norma inejecutable”, señaló el fiscal superior, al recordar que el Ministerio Público incluso ha sufrido recortes presupuestales en el presente ejercicio fiscal.
Esta situación, advirtió, limita severamente la capacidad del sistema fiscal para asumir nuevas funciones, en un contexto donde la demanda ciudadana por mayor seguridad es cada vez más urgente.
Expectativas ciudadanas que no podrán cumplirse
El coordinador nacional de las fiscalías contra la criminalidad organizada también puso el acento en el impacto político y social de la norma. A su juicio, el Decreto Legislativo 1735 ha generado en la ciudadanía una expectativa de fortalecimiento inmediato de la lucha contra la extorsión y el sicariato, expectativa que difícilmente podrá concretarse sin recursos adicionales.
“La persecución eficaz del crimen organizado exige fiscales especializados, personal de apoyo, tecnología, infraestructura y logística permanente”, enfatizó. Sin estos elementos, sostuvo, cualquier ampliación estructural no solo resulta inviable, sino que termina debilitando la capacidad de respuesta del Estado frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y sofisticadas.
Crimen organizado y sobrecarga institucional
La advertencia de Chávez Cotrina se produce en un escenario marcado por el avance de las redes criminales, especialmente en delitos como la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos, que afectan a transportistas, comerciantes y pequeños empresarios en distintas regiones del país.
Desde la Fiscalía se subraya que las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada ya operan bajo una alta carga procesal, con recursos limitados y personal insuficiente. La creación de nuevas estructuras sin financiamiento adicional, lejos de fortalecer el sistema, podría generar una mayor fragmentación y desgaste institucional.
Persistencia en la lucha, pese a las limitaciones
Pese a sus críticas al decreto, el coordinador nacional reiteró el compromiso del Ministerio Público de continuar enfrentando al crimen organizado con los recursos disponibles. “Seguiremos actuando con firmeza en defensa de la ciudadanía”, afirmó, aunque dejó en claro que la efectividad de esta lucha depende, en gran medida, de decisiones presupuestales coherentes con la magnitud del problema.
En un país donde la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones, el pronunciamiento de la Fiscalía vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente: la distancia entre los anuncios normativos y la capacidad real del Estado para ejecutarlos.